La acción agraria del Partido Comunista de la Argentina durante el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962)

Introducción

Durante el período 1958-1962, el Partido Comunista de la Argentina (PC) desplegó diversas acciones en determinadas zonas agropecuarias que permiten percibir la articulación entre la conducción nacional y los cuadros medios de las provincias, en un clima de creciente movilización social. Ese lapso corresponde al gobierno de la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI), cuyo presidente, Arturo Frondizi, pocos meses después de llegar al poder aplicó un plan de estabilización económica y restringió libertades políticas y civiles, incumpliendo sus promesas electorales.

En este artículo indagaremos la forma en que la cuestión agraria se materializó en discursos específicos y prácticas concretas del PC, tema que siempre tuvo un espacio en el periódico oficial del partido, Nuestra Palabra. Surgen entonces interrogantes sobre diversas problemáticas, entre ellas: la forma en la cual el antiimperialismo podía sostenerse en el mundo agropecuario; las características de la acción militante de vanguardia dentro de las organizaciones gremiales y sindicales de productores rurales; el modo en que se manifestaba la alianza obrero-campesina y su relación con la estrategia frentista “unitaria”; y las posibilidades de trascender la ortodoxia de las estrategias dispuestas por la dirección central a partir de las decisiones tácticas específicas o cotidianas adecuadas en este sector productivo, que tenía problemas estructurales y a la vez estaba supeditado a los cambios coyunturales de la política y legislación agraria. De tal modo, se analizarán las estrategias y tácticas partidarias y gremiales, así como sus apreciaciones con respecto a los actores y las organizaciones con los cuales tenían relación directa, tomando como área de estudio la Región Pampeana.

Existe una gran vacancia de investigaciones sobre las actividades agrarias del PC, con excepción de algunos trabajos sobre períodos posteriores (Lisandrello, 2019), y no hay estudios sobre la problemática específica de este artículo, como ya ha sido señalado por otros autores (Petra, García y Martirén, 2021, p. 23). La producción historiográfica sobre el Partido Comunista es amplia y permite tener una base consistente con respecto al pensamiento y la acción de la cúpula dirigente. Algunos estudios recientes han tratado el grado de adopción de las directrices internacionales del estalinismo instrumentadas a través del Comintern, indicando la progresiva transformación de su estrategia en varias etapas: frente único (1921-1928), clasista (1928-1935) y de Frente Popular con variantes posteriores (Camarero, 2012, p. 70). Esta periodización ha tenido sus particularidades en el caso de la acción rural, dado que ya desde 1927 fueron creados “blocks obrero-campesinos” en la provincia de Córdoba, seguida por la aprobación de la creación de ligas campesinas en el VIII Congreso del Partido Comunista en 1928 y, luego, por la estrategia de alianza entre el proletariado rural y “campesinos pobres y medios” contra la burguesía y los grandes propietarios con la expectativa de tomar posesión de la tierra por la vía revolucionaria, en 1933 (Ascolani, 2009, pp. 199-201). La política de Frente Popular del PC ha sido motivo de reflexión acerca de la pérdida de anclaje en las organizaciones sindicales donde había logrado protagonismo en su conducción al optar por una acción de conciliación de clases (Camarero, 2012, pp. 72 y 75).

La estrategia frentista se mantuvo en el tiempo aunque con variantes coyunturales, derivadas de la situación internacional, a saber: a) línea neutralista, prescindente de ingresar en la confrontación “imperialista” de Segunda Guerra Mundial; b) alianza antifascista una vez producida la invasión alemana a la Unión Soviética, observándose que el PC propuso la expropiación sin indemnización de los latifundios de propietarios vinculados al nazismo o al fascismo –y cuatro años después lo planteó para los latifundios en general– y mantuvo la hipótesis del papel revolucionario que debía asumir la burguesía nacional (Piro Mittelman, 2019, p. 155); c) Frente de Liberación Nacional y Social, desde 1946, interpelando a los sectores obreros y populares a superar la demagogia del gobierno “corporativo-fascista” y buscando operar directamente dentro de la Confederación General del Trabajo (Camarero, 2014, p. 33); d) Frente Democrático Nacional, antibelicista, antioligárquico y antiimperialista, en el contexto de la Guerra Fría, repudiando el avance de la injerencia económica de Estados Unidos en América Latina.

Dado que esta última línea del PC es la que corresponde al período de estudio de este artículo, se expondrán sintéticamente algunos avances e hipótesis de los historiadores que analizaron su dirección política e intelectual. Coincidiendo con la interpretación de estudios ya clásicos relacionados con el surgimiento de la nueva izquierda (Tortti, 1999), algunas investigaciones enfatizan la incapacidad de la dirigencia para generar una vía nacional en la coyuntura de “desestalinización” luego de fallecido Stalin, dado que el Comité Central mantuvo en Argentina las directrices teóricas y programáticas seguidas desde 1928 –bajo la orientación del Comintern y luego del Bureau de Información Comunista hasta 1956–, aun cuando el Partido Comunista de la Unión Soviética incentivara esa autonomía. De tal modo, el PC mantuvo la estrategia del frente democrático, ponderando la acción política y parlamentaria para crear un orden democrático estable, como etapa necesaria en el camino hacia el socialismo y sostuvo la necesidad de una coexistencia pacífica entre los bloques socialista y capitalista (Piemonte, 2013, pp. 223, 226 y 240).

En esta misma línea interpretativa, otros autores han realizado una exégesis crítica de las ideas de los principales líderes del PC, observando una continuidad en la intención de captar a los sectores trabajadores durante el gobierno de la Revolución Libertadora (1955-1958) pero en el marco de un amplio Frente Democrático Nacional, que fuera el sustento de un “gobierno de amplia coalición democrática”, capaz de superar el atraso y la dependencia argentina, creando las condiciones por vías pacíficas y parlamentarias para la “revolución democrático-burguesa, agraria y antimperialista”. Perciben en esta estrategia policlasista una debilidad operativa para realizar la alianza con la pequeña burguesía y el proletariado que continuaba fiel al peronismo, así como un debilitamiento del papel de la clase obrera, aunque se le asignara el papel de unificadora y orientadora del proceso (Camarero, 2014, pp. 36-38).

Con el triunfo electoral de la UCRI en 1958, el PC consideró que las posibilidades de concretar tal frente eran mayores, dando un apoyo inicial al gobierno constitucional que no era meramente táctico sino que resultaba de aquella definición programática (Rupar, 2018). Mantuvo esta línea incluso luego de entrar en confrontación con el gobierno cuando éste inició sus políticas reaccionarias ese mismo año, alentado por el crecimiento de la estructura partidaria y del número de afiliados, así como por la expectativa de una acción unitaria con las organizaciones sindicales peronistas combativas (Tortti, 1999, pp. 224-225). Esto significó un acercamiento temporal de su organización sindical, el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical (MUCS), a las 62 Organizaciones peronistas y a sindicatos independientes, constituyendo el Movimiento Obrero Unificado (MOU), cuya breve existencia transcurrió desde agosto de 1959 a abril de 1960 (James, 1990; Murmis, 2021; Simonassi y Vogelmann, 2017).

La cautela y moderación del PC frente a la posiciones de izquierda emergentes que bregaban por una acción revolucionaria inmediata, manifiestas sobre todo una vez ocurrida la Revolución Cubana, ha sido señalada por diversos autores, atribuyéndolo a un anquilosamiento de la conducción político-partidaria, que apoyó el proceso revolucionario de ese país, pero sin replicarlo en la Argentina, continuando con su táctica electoralista (Tortti, 1999; Cernadas, 2005; Campione, 2022).

En verdad, la bibliografía disponible sobre el PC en el período 1958-1962 ha mencionado de modo fugaz los llamamientos a una alianza obrero-campesina, a la revolución agraria, y la existencia de terratenientes o latifundistas y en absoluto se ha referido a productores y obreros rurales. La misma ausencia se advierte en la abundante historiografía agraria, cuyos avances relacionados con este objeto de estudio son indirectos, en la medida en que aportan elementos sobre la propiedad, la tenencia y la renta de la tierra y sobre los factores coyunturales, políticos y corporativos que interactuaron en este período. Investigaciones recientes se han ocupado de los cambios legislativos, las políticas de reforma agraria y las respuestas de los actores agropecuarios, en diálogo con los estudios sobre el desarrollo económico y la modernización social (Lázzaro, 2012, 2013; Magallán, 2015), y sobre las características de las organizaciones gremiales, cooperativas y sindicales agrarias, en particular la Federación Agraria Argentina (FAA) y la Federación Argentina de Sindicatos Agrarios (FASA), que se tratarán en este artículo (Ascolani, 2020). En conjunto, permiten ver las interrelaciones en las cuales se situaron los pronunciamientos e intervenciones del PC con respecto a las problemática agraria.

Para la elaboración de este trabajo se han consultado en forma sistemática el periódico oficial del PC, Nuestra Palabra, y el Boletín XII Congreso, preparatorio del XII Congreso Nacional del Partido Comunista, y en forma puntual la revista Tierra Nuestra, documentos internos del PC y el periódico La Tierra, órgano oficial de la FAA.

Orientaciones de la Comisión Agraria Nacional

El Comité Nacional del PC tenía una comisión específica para los temas agrarios, la Comisión Agraria Nacional, cuyas ideas básicas quedaron plasmadas en los documentos que debían ser aprobados en el XII Congreso: el Proyecto de Tesis, el Programa y los Estatutos. En lo concerniente a la problemática agropecuaria, el Proyecto de Tesis sostenía que la crisis de la economía nacional y las principales trabas para el desarrollo eran el latifundio y la dependencia con respecto a las potencias imperialistas, resultante de los intereses antinacionales de la oligarquía, del gran capital y de los monopolios.1 A estas se sumaba el obstáculo crónico que representaban los campesinos ricos en la conducción de las organizaciones agrarias, por su debilidad para sostener luchas contra aquellos y para imponer una verdadera reforma agraria. De tal modo, debían ser los “campesinos trabajadores” quienes asumieran el liderazgo de estas entidades y de las acciones colectivas, conduciendo a la masa campesina a una alianza con la clase obrera, con la burguesía nacional y con “todas las fuerzas democráticas y patrióticas de la Nación”.2

En el proyecto de Estatutos se establecía que la meta final era el triunfo del socialismo y la construcción de la sociedad comunista, pero en la etapa de desarrollo que se encontraba la Argentina, primero había que un consolidar un gobierno de coalición democrática que luchara por la “revolución agraria” y antimperialista.3 El XII Congreso del PC pudo finalmente realizarse en forma semiclandestina en 1963, observándose en sus actas que estos lineamientos fundamentales elaborados en 1956 continuaron vigentes (Lisandrello, 2019). El PC, en este período, apoyó su discurso en la noción de una reforma agraria “profunda”, pero evitó hacer propuestas concretas en su órgano de prensa principal, Nuestra Palabra, sobre colectivización de la propiedad en la Argentina. Para los sectores campesinos, la línea de acción propuesta comprendía: cese de los desalojos, estabilidad, aumento de los precios básicos de sus productos, rebaja de los precios de los implementos agrícolas, disminución de los impuestos y realización de una amplia reforma agraria bajo la consigna de “la tierra para quien la trabaja”.4

En el Programa que trataría el XII Congreso, quedó planteada con precisión la reforma agraria que se realizaría que, por un lado, mantenía presupuestos ya planteados por otros actores agraristas previamente, pero, por otro, incorporaba metas con sentido colectivista o estatista. Dichos lineamientos más clásicos implicaban: a) la posibilidad de que quienes recibieran las tierras pudieran explotarlas en forma individual; b) los propietarios podrían conservar la parte de sus tierras que se les asignara mientras aseguraran buenas condiciones de trabajo y de vida a su personal; c) apoyo estatal mediante crédito, reducción de impuestos, anulación de deudas previas, obras de infraestructura y de fomento social, asesoramiento en chacras, huertas y cabañas experimentales para los “campesinos trabajadores”; d) apoyo estatal a las cooperativa agrícolas. Los postulados de corte socializante eran los siguientes: a) expropiación sin indemnización de las tierras, maquinarias y ganado de los latifundios y de las sociedades anónimas y entrega “en propiedad” a los agricultores, hijos de agricultores y obreros que las trabajaran; b) prohibición de las “formas feudales” de tenencia como eran el arrendamiento, la mediería y la aparcería; c) entrega de tierras públicas a quienes las estuvieran ocupando y devolución de las usurpadas a las comunidades indígenas; d) explotación fiscal directa o cooperativa por razones de productividad y establecimiento de estaciones de tractores y maquinaria agrícola para uso colectivo; e) posibilidad de que los propietarios expropiados solicitaran un lote de tierra como los demás campesinos.

Un miembro fundamental de la Comisión Agraria Nacional, José María García, sostenía que el PC había sido el primer partido en el país en propiciar una reforma agraria estructural, para eliminar el latifundio y su régimen semifeudal de explotación de la tierra. Para concretarla, el PC debía convertirse en una fuerza política poderosa en el campo y un verdadero movimiento de masas, fortaleciendo sus organizaciones, formando a la juventud y apoyando la organización de las mujeres campesinas. Esto implicaba actuar dentro de dos organizaciones principales de los trabajadores y productores agropecuarios: la FASA y la FAA. Consideraba que era necesario respetar la “línea” del Partido, porque era la garantía de disciplina y capacidad para que los afiliados fueran elegidos por los campesinos y obreros para cargos directivos y representaciones en las comisiones paritarias; esto debía ser complementado con la participación en los comisiones y movimientos zonales y regionales que apoyaban la expropiación de latifundios y la realización de obras públicas o se opusieran a los desalojos; también con la creación de comités zonales rurales que desarrollaran “acciones combativas” como concentraciones y marchas en sus áreas y en las grandes ciudades.5 Todo esto indica que la acción agraria debía encuadrarse en la creación progresiva de condiciones para el cambio social, dispuesta por el Comité Central.

La estructura política del PC en las provincias también poseía comisiones agrarias, como era el caso de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. La primera en expedirse con un programa de realización inmediata para el agro fue la de Córdoba, en 1959, tomando los preceptos principales de la reforma agraria antes mencionados, combinándolos con las peticiones coyunturales hechas por las organizaciones agraristas o cooperativas relativas, a saber: crédito para levantar la cosecha fina –de cereales y lino–, reglamentación de la Ley Nº 14.451 de arrendamientos y aparcerías rurales, rebaja del 50% en los arriendos, precios compensatorios para la producción, comercialización a cargo del Estado y de las cooperativas y facilidades para la mecanización rural. El factor frentista puede apreciarse en la petición de fuentes de trabajo permanentes para los obreros rurales, medidas contra la carestía, finalización del estado de sitio, libertad de los presos políticos y gremiales, solidaridad en la lucha contra el “imperialismo yanqui” y política internacional de paz. De estas reivindicaciones, el Comité Central del PC había privilegiado, en su documento del 1º de Mayo, las medidas favorables a los productores mientras que, paradójicamente, no había alusiones a los obreros rurales.6

Las directrices del PC eran seguidas por organizaciones de base con funciones y actores diversos: el Movimiento de Unidad entre Agricultores y Obreros Rurales por la Reforma Agraria; algunas seccionales de la FAA y sindicatos de la FASA; la Federación Juvenil Comunista; la Unión Mujeres Argentinas y el Movimiento de los Partidarios de la Paz. El primero tenía su sede en la ciudad de Rosario, con conexiones en diferentes provincias, y editaba el periódico Tierra Nuestra, dirigido por José María García, siendo secundado por un grupo diverso de activistas –redactores del periódico, dirigentes políticos y abogados residentes en nueve ciudades que asesoraban a los afiliados, entre ellos Mario Pellegrini, Francisco Dulcich y Floreal Bertachini–. El periódico Tierra Nuestra difundió noticias regionales y también escritos sobre las reformas agrarias elaborados por dirigentes que observaron las experiencias de países comunistas como la Unión Soviética, China Popular, Polonia, Rumania y Hungría.

La preparación del XII Congreso del PC en 1959, con miles de folletos distribuidos, y las “campañas financieras” realizadas cada año fueron móviles para activar las afiliaciones, la difusión ideológica, la reorganización de células, la creación de algunos comités locales, las asambleas, la consolidación del “hábito de la vida orgánica” de los nuevos camaradas y la elaboración de informes sobre las actividades en las provincias, de los cuales se esperaban propuestas de adaptaciones a las situaciones zonales. Cuatro años después, al realizarse el congreso, el secretario general del PC Gerónimo Arnedo Álvarez presentó un informe en el cual se reconocían insuficiencias en estas tareas organizativas, aunque reconocía la labor de algunos comités agrarios (Lisandrello, 2019, pp. 44-45). Esta visión pesimista contradecía los datos que el mismo dirigente informó acerca de que el PC tenía influencia en 100 seccionales de la FAA y contaba con militantes en 250 comisiones directivas de sindicatos rurales, ya que en ambos casos significaba presencia en la cuarta parte del total.

Con la perspectiva de un frente democrático, el PC procuró vincular a los productores agropecuarios con sus organizaciones sindicales: el MUCS y el MOU. Este último, en la “Declaración de Propósitos” de 13 puntos, en 1959, incluyó reivindicaciones sindicales, levantamiento del estado de sitio y derogación de las leyes represivas, defensa de la industria nacional y “entrega de las tierras a quienes las trabajan, mediante una profunda reforma de la actual estructura latifundista”.7 Poco después elaboró un memorial que fue remitido en marzo de 1960 al presidente de la Nación, en el cual defendía la necesidad de un impuesto extraordinario e inmediato a los grandes terratenientes, grandes capitalistas y monopolios extranjeros.

Reacciones ante la política agraria

Después del triunfo electoral de la UCRI, el PC tuvo la expectativa de que el presidente Arturo Frondizi mantuviera sus promesas electorales8 de apoyo a una reforma agraria inmediata y profunda, concretando la “Declaración de Avellaneda” del Movimiento de Intransigencia y Renovación –antecedente de la UCRI–, en 1945 (Lázzaro, 2012). La sanción de la Ley Nº 14.451 –segunda ley de Transformación Agraria–9 fue percibida como un primer paso, porque permitía la expropiación de campos pertenecientes a sociedades anónimas o “con cuatro o más unidades económicas íntegramente arrendadas o cedidas en aparcería a cuatro o más arrendatarios o aparceros, cuando estos ofrecieran la compra”, considerando el valor no venal de la tierra. Además establecía prórrogas de contratos de arrendamientos y aparcerías, limitaba los desalojos y los aumentos en los precios de los arriendos, y anunciaba créditos del Banco de la Nación para compra de campos, pagaderos en 25 años (Makler, 2002, p. 44). La promulgación de la ley fue postergada y el secretario de Agricultura y Ganadería, Bernardino Horne se opuso a las expropiaciones de latifundios. La Comisión Agraria Nacional del PC se expidió en 1959 con una declaración que denunciaba la sobrevaluación de la tierra y su concentración en beneficio de la oligarquía latifundista y de algunos “consorcios imperialistas” como International Packers, King’s Ranch, Coney, Wall Street Company.

Habiendo renunciado Horne, en su lugar fue designado el economista Ernesto Malaccorto, defensor de las ideas de libre empresa, libre contratación de tierras y de trabajadores rurales, y de tecnificación del agro como clave para salir de la crisis.10 Este funcionario fue el autor de la reglamentación de la Ley Nº 14.451, del 29 de diciembre de ese año, que permitía aumentos de precios de arrendamientos y porcentajes de mediería, facilitaba los desalojos, ponía obstáculos burocráticos a la expropiación de tierras y tomaba como referencia el precio venal de la misma. Tanto el PC como la FAA consideraron que esta normativa era una trampa contraria al espíritu de la ley.

La coyuntura económica se presentaba desfavorable para productores rurales y obreros porque los sucesivos ministros de Economía, Emilio Donato del Carril y Álvaro Alzogaray, buscaron controlar el déficit fiscal, frenar la inflación y sobrellevar el endeudamiento con la banca extranjera con planes económicos severos: el Plan de Racionalización y Austeridad y el Plan de Estabilización y Desarrollo (Lázzaro, 2012, pp. 149-150). En el plano social, a la represión a las huelgas de obreros petroleros y de ferroviarios en 1958 siguió la declaración del estado de sitio, la detención masiva de sindicalistas, la aplicación secreta del Plan Conintes contra actividades “terroristas” (Murmis, 2021). La acción del MUCS y de las 62 Organizaciones –sindicales peronistas– en la toma del Frigorífico “Lisandro de La Torre”, en enero de 1959, fue motivo de la intervención a los principales sindicatos dirigidos por peronistas y comunistas. La imputación hecha por el gobierno nacional al PC por actividad subversiva clandestina con el objetivo de disolverlo fue reforzada con la prohibición de reuniones, clausura de locales y secuestro de publicaciones. En una situación de confusa semiclandestinidad, en 1960 el Comité Central del PC continuó reclamando la reforma agraria de fondo y otras medidas urgentes.11

En abril de 1961 el ministerio de Economía pasó a estar a cargo de Roberto Alemann, mientras que la Secretaría de Agricultura y Ganadería había sido confiada a César Urién, quien coincidió con su predecesor en que las “excesivas demandas del sector laboral” rural eran la causa del problema agrario. Confrontando con esta postura, el PC enfatizó que los problemas más acuciantes para los agricultores eran la falta de precios sostén competitivos, la reducción del área sembrada, las retenciones fiscales, la amenaza de dumping norteamericano a través de los “Alimentos de la Paz”, la paralización de los proyectos legislativos sobre reforma agraria y la inoperancia del Consejo Agrario Nacional
–organismo encargado de la colonización rural–.

Tres provincias legislaron sobre reforma agraria en este período, pero fue Buenos Aires la que tuvo mayor repercusión porque era la que poseía mayor cantidad de latifundios altamente productivos. De los diversos proyectos presentados en la legislatura se aprobó el elevado por el gobernador Oscar Alende, representante de la UCRI pero distanciado en este tema con respecto al Poder Ejecutivo Nacional, que consistía en una ley de reforma agraria integral que incluía expropiaciones a valores no especulativos, subdivisión en unidades económicas familiares, tecnificación, racionalización de la producción y la comercialización, crédito, fomento de la agroindustria, educación y cultura (Lázzaro, 2013, pp. 163 y 165).

En septiembre de 1958, la Comisión Agraria provincial del Partido Comunista, encabezada por Severo Cerro había entregado un proyecto de ley de reforma agraria al Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia y a los legisladores, por el cual las tierras a expropiar no se pagarían o bien se lo haría con bonos amortizables a los 25 años, como se había hecho en Cuba, Bolivia y Guatemala.12 Sancionada la ley propuesta por Alende, el 12 de febrero de 1960, fue calificada por el PC como una farsa con fines electoralistas, para subdividir 500.000 ha, que representaban el 10% de la superficie prevista en el proyecto de ley original y el 1,66% de la tierra de la provincia. Además, las primeras expropiaciones fueron pagadas a un valor de 10.000 a 12.000 pesos la ha, beneficiando a los terratenientes y endeudando a los agricultores. En consecuencia, el periódico Nuestra Palabra denunció que la oligarquía había triunfado en su campaña contra “el proyecto mínimamente progresista” del gobernador Alende, de modo que el PC reforzó su presión para que se reglamentara la Ley Nº 14.451, incitando a una gran concentración de productores en Buenos Aires con el apoyo de la clase obrera y “agitando la bandera de los 13 puntos del MOU”.13

Inserción del PC en la Federación Argentina de Sindicatos Agrarios

La Federación Argentina de Sindicatos Agrarios (FASA), central única de los trabajadores rurales (Ascolani, 2020), estuvo envuelta en este período en una división facciosa entre un sector “democrático” vinculado a la intervención impuesta en 1955, otro peronista y un tercero comunista. El PC actuaba dentro de la FASA con una agrupación llamada Movimiento Nacional Pro Unificación y Fortalecimento de FASA, adherida al MUCS, que participó con una lista propia de “filiación unitaria” en las elecciones de miembros de la comisión central en 1959, con un programa que incluía: aumento de salario, mejora de las condiciones de vida y de trabajo, legislación laboral, coordinación de acciones con otros sectores del trabajo y la producción, y amplia reforma agraria.14 Las listas opositoras no pudieron evitar que el oficialismo, apoyado por el Ministerio del Trabajo, controlara las elecciones en el Congreso Ordinario de 1959, continuando en el cargo de secretario general Alfredo Díez, aunque apoyado en un consejo federal con integrantes peronistas que más tarde buscarían una renovación.

Con una conducción debilitada por las tensiones internas, la FASA realizó escasas medidas de fuerza en los cuatro años analizados. Declaró un paro de 48 horas en julio de 1959 a causa de los bajos salarios, y en diciembre lo hicieron sus sindicatos del sudeste de la provincia de Córdoba, en protesta porque la Comisión Nacional de Trabajo Rural
–entidad que fijaba los salarios y condiciones de trabajo en negociación colectiva– no aprobó el acuerdo convenido en la Comisión Paritaria Regional de Villa María, obedeciendo las directivas de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. El periódico Nuestra Palabra contrapuso datos aportados por la Comisión Agraria Nacional que indicaban que el gasto en salarios representaba apenas el 5% del total de los gastos en una explotación agrícola de 300 ha, y que mientras el costo de la vida había aumentado desde la cosecha 1958-1959 un 110%, los obreros cosecheros del maíz pedían un aumento del 30%.15 El deterioro salarial tenía una causa estructural en la rápida reducción de la mano de obra por la mecanización de la recolección del maíz y del girasol, llegando al bajo nivel de los salarios de los peones permanentes, que oscilaban entre los 1.800 y 2.450 pesos, según las regiones.16

En el Congreso de la Delegación Regional Nº 3 de la FASA, situada en Pergamino, realizado el 20 de noviembre de 1960, hubo críticas a la conducción nacional y se resolvió declarar el estado de alerta, convocar un nuevo congreso para tomar medidas frente al congelamiento de los salarios y conformar una delegación para que informase a los bloques parlamentarios sobre el problema salarial de la cosecha fina.

Otra delegación se entrevistaría con los sectores no oficialistas del movimiento sindical –62, 32, MUCS y MOU– para solicitarles que participaran en un plenario nacional. Sin respuesta ante los reclamos al gobierno, fue decretado un paro de obreros rurales y estibadores los días 8 y 9 de diciembre en Córdoba y en Santa Fe, resuelto por sus congresos regionales y, aunque la FASA podía contar con el respaldo del MUCS, no concretó nuevas medidas de fuerza, a pesar de manifestar su desacuerdo con el gobierno.

En 1961 la FASA tenía 1.200.000 afiliados pero carecía de verdadera capacidad de presión; estaba concentrada en la gestión de reivindicaciones materiales y previsionales, y seguía sin resolver sus problemas internos de personalismos y disputas facciosas. El Movimiento pro Unidad y Fortalecimiento de la FASA, se concentró en conciliar una posición de unidad para vencer al grupo hegemónico en el Congreso Nacional Ordinario y luego en el Congreso Nacional Extraordinario, realizados el 18 de febrero y el 15 de julio, respectivamente, pero en ambos se evadió tratar los temas que consideraba relevantes, entre ellos: la dificultad para sindicalizar a los asalariados rurales; el retraso salarial; la desocupación y la carestía; la reforma agraria, la democratización de la FASA, la creación de comisiones coordinadoras que movilizaran a las bases y la adopción de los puntos programáticos del MUCS; el apoyo a la normalización de la Confederación General del Trabajo y la solidaridad con la Revolución Cubana.17

En un nuevo Congreso Extraordinario, reunido en marzo de 1962, triunfó la corriente peronista, con una conducción renovada liderada por Sebastián Montoya, de extracción peronista y anclaje en las provincias. Un triunfo transitorio para los comunistas fue la victoria, en la Delegación Regional Rosario de la FASA, de la lista unitaria encabezada por Juan Bonavera, en una coyuntura de reactivación de conflictos laborales.18 Otro avance del PC fue la constitución de una delegación del MUCS en la provincia de Córdoba, con la presencia de representantes de algunos sindicatos de la FASA.

Un frente imposible con la Federación Agraria Argentina

El PC y la FAA tuvieron un período de coexistencia sin conflictos durante 1958 y 1959, aunque con fricciones internas por la presencia comunista en las seccionales y las manifestaciones anticomunistas de sus autoridades y de federados católicos que se esforzaron en diferenciar la reforma agraria integral de la reforma colectivista comunista.19 Ambas entidades coincidían en que la gestión de Bernardino Horne en la Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación no había sido favorable para la solución de los problemas de la producción, de los contratos de arrendamientos y de la comercialización, y que su sucesor, Ernesto Malaccorto era reaccionario en asuntos agrarios. También concordaban en el reclamo que la FAA le hizo al Congreso de la Nación para que reglamentara la Ley Nº 14.451 y en la presión ejercida por la FAA al declararse en estado de alerta y advertir sobre una posible resistencia gremial. En la gran concentración agraria del 27 de agosto de 1959 realizada en La Plata el presidente de la FAA, Julio Oroño, se pronunció en forma crítica sobre el rumbo de la política agraria ante 2.000 productores y el periódico Nuestra Palabra lo reprodujo en primera plana.

En los últimos días de septiembre de ese año sesionó el 47º Congreso Ordinario Anual de la FAA en Rosario, “en un clima de ascendente combatividad campesina y de naciente unidad con la clase obrera y demás fuerzas populares”, según la perspectiva del PC, por la adhesión de las delegaciones regionales de la CGT de Rosario, Villa María y Mar del Plata –en las cuales este partido tenía influencia–, y de algunos sindicatos de la FASA. En las deliberaciones, varios delegados propusieron medidas tendientes a la reforma agraria promovida por el PC en sus documentos programáticos y enfatizaron la necesidad de constituir comisiones de campo movilizadas en coordinación con las seccionales de la FAA, las cooperativas y los sindicatos rurales, para realizar actos y concentraciones locales y en las grandes ciudades e incluso realizar medidas de fuerza. Las resoluciones del congreso incluían la solicitud de la renuncia de Malaccorto, el pedido a las Cámaras Paritarias regionales de resolución de las peticiones de expropiación de tierras pendientes, la continuidad del estado de alerta y la reglamentación de la Ley Nº 14.451 en un plazo de 20 días, luego de los cuales se exigirían las expropiaciones en una gran concentración de protesta en la Capital Federal.20

Al haber transcurrido ese plazo sin reglamentarse la ley, el PC reclamó la inacción del Consejo Directivo Central de la FAA e incitó a la movilización de las bases para exigir su cumplimiento. El corresponsal de Nuestra Palabra expresó su desconfianza con respecto a ese cuerpo, integrado por un “núcleo de campesinos ricos” para reclamar la reforma agraria, e incitó a los productores agropecuarios a protestar por su situación crítica. En verdad, la FAA estaba plenamente comprometida en las gestiones de reclamo de compra de tierras, ya que a fines de diciembre los arrendatarios de 86 colonias se presentaron ante las Cámaras Paritarias para solicitar expropiaciones, organizando concentraciones y asambleas con apoyo de la Federación Argentina de Cooperativas Agrarias, en las que se repudió la campaña de oposición que realizaron la Sociedad Rural Argentina y la Comisión Coordinadora de Entidades Agropecuarias.21 Otras asambleas comarcales mostraban una notoria movilización en las diferentes provincias productoras de cereales.

Una vez reglamentada la Ley Nº 14.451, el PC insistió en que la FAA debía oponerse y concretar la alianza obrero-campesina, contando con la solidaridad del MUCS.22 Durante los preparativos del 48º Congreso Ordinario Anual de la FAA, los federados comunistas reclamaron por el incumplimiento de las resoluciones del congreso anterior y difundieron la idea de que debía democratizarse la dirección de esta entidad, eligiendo un grupo de 40 o 60 campesinos que garantizaran la aplicación de las resoluciones del congreso anterior, en acción unitaria con las organizaciones sindicales y otras fuerzas democráticas formando un “frente antioligárquico y antiimperialista”.23

Reaccionando contra estos cuestionamientos, en las vísperas del 48º Congreso Ordinario Anual, el Consejo Directivo Central de la FAA expulsó a varios asociados, algunos de los cuales eran delegados elegidos por las filiales, fundando su decisión en la resolución del 39º Congreso Ordinario Anual de 1951, ratificada en el 46º Congreso de 1958, por la cual se facultaba a ese cuerpo para separar de la organización a quienes efectuaran “actividades “extremistas”.24 Los delegados afines al PC denunciaron que el congreso había sido controlado por la conducción de la entidad, de modo que conformaron el núcleo de “Agricultores federados por la democratización de la FAA y la unidad de todas las organizaciones campesinas” e hicieron una declaración pública sobre lo sucedido. Con posterioridad, en forma sistemática la prensa comunista culpó al Consejo Directivo Central de la FAA y a sus asesores de ser responsables, con su moderación, del avance de la política oficial materializada en la reglamentación de la Ley Nº 14.451 y en el control de las Cámaras Paritarias, además de debilitar la organización gremial con la expulsión de socios, la disolución de filiales y centros juveniles.25

La Comisión Directiva de la Seccional Venado Tuerto –ciudad cabecera del Departamento General López– impugnó la expulsión de los delegados y pidió su reincorporación, pero, en respuesta, fue intervenida la seccional y expulsados los directivos comunistas. Estos rechazaron la sanción y constituyeron el Movimiento de Agricultores de Venado Tuerto, convocando a los federados del país a unirse en la lucha por las reivindicaciones para el agro que componían el repertorio del PC, agregando el rechazo de la reglamentación de la Ley Nº 14.451; el comercio sin trabas con todos los países; la rebaja del 50% en maquinarias e impuestos a los agricultores, el aumento de impuestos a los latifundios y una amplia democratización de la FAA.26 Esta agrupación contó con el apoyo de algunas seccionales del sur de Santa Fe y del norte y extremo sur de Buenos Aires, de sindicatos rurales afines, del MUCS y del periódico Tierra Nuestra.

Dado que se habían generalizado las protestas por la crisis del sector en las asambleas de las entidades gremiales y cooperativas, la FAA adoptó una posición más crítica con respecto a la política agraria, realzó el discurso a favor de la reforma agraria y organizó varias asambleas comarcales y concentraciones regionales, pero no aceptó las ideas de formar comités de lucha para detener los desalojos, de presionar por la reforma agraria profunda, ni de realizar una acción unitaria con otros sectores. En su afán por evitar toda asociación con el comunismo, al aproximarse el 49º Congreso Ordinario Anual, realizado en 1961, fueron previamente impugnadas las credenciales de 25 delegados que el Consejo Directivo Central consideró “extremistas”.27 El anticomunismo en la FAA continuó y se hizo visible en frecuentes notas publicadas en su periódico oficial, en las que se presentaba a esta entidad como una valla contra el marxismo, al impulsar una reforma agraria respetuosa de la propiedad privada. En enero de 1961 se calculaba en más de 50 los dirigentes locales expulsados.

El frente democrático para la reforma agraria

La estrategia de conformar un frente ampliado del PC se manifestó a lo largo del período, convocando a diversos sectores democráticos a actuar en forma “unitaria”. La alianza que propiciaba debía tener en el ámbito agropecuario un móvil común: la reforma agraria. Pero este objetivo no fue excluyente porque las restricciones a las libertades civiles, políticas y sindicales, al igual que los problemas del desarrollo económico, fueron expuestas en numerosas asambleas y concentraciones, donde se procuró la acción conjunta con organizaciones gremiales y entidades políticas y sociales.

En 1958 y 1959 se realizaron asambleas para tratar el tema de la reforma agraria y los problemas de los productores rurales en tres ciudades donde el comunismo tenía peso: Venado Tuerto, Colón –provincia de Buenos Aires– y Villa María. En las dos primeras hubo funcionarios de organismos oficiales, legisladores y autoridades municipales, siendo organizadas por el Movimiento Agrario Regional Colonización Hijos de Agricultores y por la Comisión Pro Reforma Agraria del Departamento General López, respectivamente. Los representantes del PC en ambos casos fueron personalidades de peso: Severo Cerro, miembro del Comité Provincial de Buenos Aires, y Florindo Moretti, secretario del Comité Provincial de Santa Fe.28 La asamblea de Villa María, en cambio, fue organizada por la Delegación Regional de la CGT para apoyar las resoluciones del MOU, de la FAA, de la FASA y de las delegaciones regionales de la CGT, logrando una concurrencia variada, incluso de representantes del Colegio de Abogados y de la Federación Universitaria de Córdoba.

En Venado Tuerto, la Asamblea por la reforma agraria y la defensa de la producción, desarrollada el 12 de septiembre de 1961, organizada por la Delegación Rosario de la FASA, la CGT regional Venado Tuerto y la Comisión Pro Reforma Agraria del Departamento General López –todas afines al comunismo– convocó a agricultores y obreros de distintos gremios y los oradores fueron José María García, Carlos Bullrich, Blas Agostini, Natalio Sviser y dirigentes de otras localidades, quienes se centraron en los temas agrarios y también se expidieron contra el proyecto de “Ley de defensa de la democracia” impulsado por el gobierno por su carácter represivo.29

Ese año entró en escena el Movimiento de Partidarios de la Reforma Agraria, cuya organización estaba compuesta por una Junta Nacional, comisiones provinciales –Córdoba y Buenos Aires–, mesas regionales
–Bahía Blanca y zonas confluentes, y Mar del Plata– y delegaciones locales. Convocó dos asambleas importantes, una de carácter regional en Bahía Blanca y otra de alcance provincial reunida en Río Tercero. Concurrieron organizaciones agrarias, obreras y populares del sur bonaerense a la primera, mientras que la segunda tuvo asistentes representativos de diferentes sectores y actividades. Esta última se pronunció mediante un memorial elevado al Congreso de la Nación solicitando la reforma agraria profunda, precios compensatorios de la producción, rebaja de arrendamientos, crédito y subsidios por la sequía, vivienda y obras públicas, educación y salud para los campesinos, cese del levantamiento de las vías ferroviarias y repudio a la proyectada Ley de defensa de la democracia.30

En febrero de 1962 se realizó en Bahía Blanca la Asamblea Provincial del Movimiento de Partidarios de la Reforma Agraria, con asistencia de 199 delegados que representaban a 300 organizaciones sindicales, de agricultores, cooperativas y presencia de dos diputados. Los problemas agrarios denunciados por esta organización poco antes de que el presidente Frondizi fuera forzado a renunciar, en marzo de 1962, eran los ya mencionados y otros más generales de la economía como la pérdida de mercados externos y dumping norteamericano generado con el programa “Alimentos para la Paz”, el endeudamiento externo, la retracción del mercado interno y de la renta per cápita.31

Reflexiones finales

La política agraria y laboral del gobierno llevó al PC a asumir una posición opositora y al mismo tiempo le provocó tensiones dentro de la FAA y de la FASA, por la moderación y anticomunismo de la conducción de la primera y por el oficialismo de la segunda. Los diagnósticos de los problemas del agro efectuados por la Comisión Nacional Agraria, las agrupaciones regionales y los dirigentes locales reflejaban coherencia y en gran medida fueron coincidentes con los realizados por la conducción de la FAA, aunque diferían en cuanto a la intensidad de la reforma agraria y los métodos para alcanzarla. Esta organización había consolidado un programa reformista en las cuatro décadas anteriores, naturalizándose el concepto de propiedad privada entre sus asociados; no obstante, la coyuntura de deterioro de la rentabilidad del agro favoreció la recepción de los discursos críticos del PC. El rechazo al latifundio y a los monopolios de comercialización estaba presente en las dos entidades, aunque la confrontación con la oligarquía y las potencias imperialistas eran propias del discurso del PC, lo mismo que el propósito de expropiación sin indemnización, la supresión del sistema de arrendamiento aparcería por ser formas feudales, la explotación fiscal de la tierra y el uso colectivo de maquinarias, porque eran un camino transicional hacia la colectivización futura.

Este partido procuró una alianza obrero-campesina en un frente unitario que la conducción y las bases de la FAA no aceptaron, porque existía una conflictividad laboral latente. El PC concebía a los “campesinos ricos” como un obstáculo para la revolución agraria, pero en esta coyuntura se interpeló a los campesinos medios como trabajadores para sumarlos a la alianza democrática, concibiéndolos como parte de la pequeña burguesía nacional. Este intento de alianza no fue exitoso porque el MOU y el MUCS tuvieron relativa incidencia en la FASA y ninguna en la FAA. De tal modo, en la experiencia rural no se advierte el carácter pequeño burgués y mayor anclaje en los sectores medios que otros autores han indicado para el mundo urbano.

Los dirigentes comunistas se concibieron como una vanguardia lúcida de los trabajadores rurales y agricultores, coordinada y sin faccionalismos en áreas centrales en la zona núcleo. Tanto en la FAA como en la FASA incentivaron las “acciones combativas” promoviendo comités zonales, asambleas locales y concentraciones regionales, que contribuyeron a movilizar a los productores agropecuarios ante las políticas del gobierno. Su presencia en las organizaciones gremiales ya no era oculta, aunque la clandestinidad del partido facilitó la expulsión de sus principales activistas en la FAA y, luego de la caída de Frondizi, la intervención de la delegación regional Rosario de la FASA.

El policlasismo en esta experiencia rural es evidente, aunque liderado por una conducción profesionalizada, capacitada y disciplinada para ello en instancias formativas, asesorada por abogados y en contacto con políticos, intelectuales y universitarios como se observa en las actividades de las agrupaciones pro reforma agraria de Rosario y del Departamento General López, así como del Movimiento de Partidarios de la Reforma Agraria. La conexión entre la experiencia vital de estos dirigentes rurales y la capacidad interpretativa de la realidad, adquirida con la formación política e intelectual de izquierdas, evitó que cayeran en un discurso pesimista y peyorativo con respecto a las masas rurales. En este sentido, se observa que, si bien se mantuvo una retórica que no era nueva sobre los actores y problemas “campesinos”, hubo un enriquecimiento de ese canon discursivo a partir de la experticia que adquirieron con respecto a los diversos problemas estructurales y coyunturales acerca de la tenencia de la tierra, la producción y la comercialización. Esto puede pensarse como una práctica endógena, al igual que algunas acciones resultantes de las contingencias de la acción, como fue la creación del Movimiento de Agricultores de Venado Tuerto, disidente de la FAA y con expectativas de gestar un frente de productores agropecuarios por otras vías. En suma, la experiencia de frente unitario en el agro tuvo acciones concretas aunque no lograra vencer los diversos obstáculos y sus promotores mantuvieron la convicción de que era necesaria la lucha colectiva para defender derechos y adquirir otros, así como la movilización de masas para lograr la reforma agraria primero y la revolución agraria más tarde.

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