El “pueblo” en el Congreso de 1965:respuesta colectiva a la crisis.Identidad, política e izquierda social

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Dahiana Barrales, Ramiro Bosca y Lucía Siola

Universidad de la República Universidad de la República Universidad de la República
Montevideo, Uruguay Montevideo, Uruguay Montevideo, Uruguay
dahiabarrales@gmail.com boscaramiro@gmail.com lusiola87@gmail.com
ORCID: 0009-0005-3622-9629 ORCID: 0009-0001-8251-4181 ORCID: 0009-0000-8620-8395

Resumen: Este artículo historiza la preparación y desarrollo del “Congreso del Pueblo” de 1965 en Uruguay. Analiza cómo se construyó una identidad colectiva en un contexto de crisis económico-social. Desde la perspectiva de los marcos de acción colectiva, examina cómo el movimiento articuló el concepto “pueblo” e integró a los sectores afectados por la crisis –trabajadores, cooperativas, pequeños productores, organizaciones barriales, estudiantiles y religiosas– en torno a una alternativa nacional y popular. Los marcos de diagnóstico, pronóstico y motivación permiten entender cómo el Congreso identificó problemas, propuso soluciones y movilizó diversos actores, con un programa que trascendió las filiaciones políticas particulares.

Palabras clave: Pueblo – Identidad – Movimiento – Crisis

Título: The People in the 1965 Congress: Collective Response to the Crisis. Identity, Politics, and the Social Left

Abstract: This article historicizes the preparation and development of the 1965 “People’s Congress” in Uruguay. It analyzes how a collective identity was constructed in a context of economic and social crisis. From the perspective of collective action frameworks, it examines how the movement articulated the concept of “people” and integrated sectors affected by the crisis –workers, cooperatives, small producers, neighborhood, student, and religious organizations– around a national and popular alternative. The frameworks of diagnosis, prognosis, and motivation allow us to understand how the Congress identified problems, proposed solutions, and mobilized diverse actors, with a program that transcended particular political affiliations.

Keywords: People – Identity – Movement – Crisis

Recepción: 16 de noviembre de 2025. Aceptación: 17 de marzo de 2026.

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Este artículo analiza el Congreso del Pueblo de 1965 como un proceso de construcción colectiva en un contexto de crisis económica, política y social en Uruguay. Lejos de considerarlo únicamente como un evento exclusivamente sindical, lo abordamos como un movimiento social amplio, capaz de articular actores diversos en torno a un proyecto común. Para ello, partimos del enfoque de los marcos de acción colectiva (Snow y Benford, 1992) entendidos como esquemas interpretativos compartidos que permiten a los actores sociales definir un diagnóstico-problema, un pronóstico-solución y una apelación a la movilización. Estos marcos articulan un sentido de injusticia, una identidad colectiva y una percepción de agencia. Esta perspectiva sobre el Congreso del Pueblo como movimiento nos posibilita situarnos en las diversas interpretaciones que los organizadores hicieron del mundo social, económico y político, con el propósito de movilizar a futuros y potenciales integrantes y desarrollar así la acción conjunta.

El análisis de las diversas convocatorias y del contexto en el que este se inscribe colabora en el conocimiento de las circunstancias y las estrategias de acción que los actores desplegaron en un momento de crisis. Pautada esta última por el agotamiento de los patrones de acumulación de capital y, por tanto, por un ajuste estructural y de transformación de las relaciones laborales y de las lógicas redistributivas de la riqueza generada.

En particular, nos interesa indagar en las estrategias discursivas y organizativas que hicieron posible la confluencia, prestando atención al modo en que el término “pueblo” fue resignificado en este contexto.

En este sentido, cabe señalar que la propia definición del término fue materia de extensas discusiones de larga data entre las izquierdas uruguayas. Cómo se constituía el “pueblo”, sus alcances y contornos fueron ejes que se relacionaron con debates políticos estratégicos vinculados al sujeto de la transformación social. Para este caso en concreto, a partir del estudio de convocatorias, discursos y estructuras de organización, buscamos mostrar cómo la apelación al “pueblo” operó como una herramienta identitaria y movilizadora, capaz de sostener una narrativa colectiva más allá de las diferencias sectoriales o ideológicas. El artículo se propone, en este marco, historizar el proceso de preparación del Congreso, identificar sus principales actores y analizar su dimensión performativa. Para ello, se utilizaron documentos y resoluciones del evento y fundamentalmente notas de prensa de izquierda; el semanario socialista El Sol, el diario de la izquierda revolucionaria Época y el del Partido Comunista del Uruguay El Popular, así como el semanario independiente Marcha. Si bien se consultaron algunos boletines sindicales particulares, la documentación propiamente sindical utilizada fue la emitida por el propio evento. Así, el texto buscó poner en diálogo estas fuentes con la bibliografía sobre el tema.

Breves perspectivas historiográficas

El Congreso del Pueblo, realizado entre el 12 y el 15 de agosto de 1965 bajo el impulso de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), resulta un hito simbólico para el movimiento sindical y social uruguayo.1 Su trascendencia se refleja en el intento de aquellos de replicarlo en 2008 y en 2023. Sin embargo, son escasas las obras que refieren exclusivamente a dicho suceso. Entre las pocas investigaciones dedicadas al Congreso se encuentra el trabajo de Ponce de León, Schelotto y Siri (1985) centrado en fuentes de prensa y testimonios, sin presentar amplios análisis en términos históricos. Más recientemente, la tesis doctoral de Diego Castro (2022) aporta un análisis sustantivo al tema.

Diversos estudios que abordan procesos más amplios –como la fundación del Frente Amplio en 1971 o la plataforma de la CNT de 1966– reconocen al Congreso como antecedente clave.2 En general, destacan su intento de construir una alternativa integral a las políticas fondomonetaristas, formulando un programa nacional-popular que articuló demandas sectoriales en un marco común. Para algunos autores, esta plataforma representó una propuesta de transformación radical (Caetano, Marchesi y Markarian, 2021), mientras que otros subrayan su continuidad con tradiciones reformistas previas (Alonso y Demasi, 1986; Demasi, 2004).

La historiografía suele enfocarse en los resultados del Congreso y en su proyección hacia procesos políticos posteriores. Sin embargo, investigaciones recientes han jerarquizado otro aspecto central: su apuesta por una estrategia de acción colectiva coordinada. En particular, Sabrina Álvarez (2020) ha subrayado la importancia de este objetivo, rastreando sus antecedentes en debates sindicales al menos desde 1962. Como señala Diego Castro (2022), el Congreso del Pueblo fue la única ocasión en que el plan de lucha impulsado por los sindicatos más radicales agrupados en la “tendencia combativa” fue asumido por el conjunto del movimiento sindical, convirtiéndose en una herramienta de encuadre estratégico y movilizador.

Contexto, conflictividad y preparación del Congreso

1963 – mediados de 1964

A comienzos de 1963, cuando asumió el segundo gobierno colegiado nacionalista, la situación económica del país era de profundo deterioro. El nuevo Consejo Nacional de Gobierno se inició en marzo de 1963 bajo Medidas Prontas de Seguridad. Estas habían sido decretadas en febrero para hacer frente a un conflicto de los trabajadores de la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE), encargada del servicio de la energía eléctrica para todo el país. Entre los reclamos del sindicato se reivindicaba la equiparación salarial con el resto de los organismos del Estado. Ya en esta ocasión la oposición colorada en el parlamento denunció abusos policiales y apremios a los trabajadores en conflicto. Además, el Ejecutivo concentró mayores atribuciones en detrimento de la actuación del Poder Judicial (los detenidos no eran pasados a juez) y hubo un escaso uso del control parlamentario a las medidas que establecía la propia ley (Rodríguez Barreto, 2022).

Si bien el movimiento sindical se mostraba disperso, desde fines de los 50 existían ámbitos de coordinación que se articulaban en torno a los conflictos: el Plenario Obrero y Popular, el Plenario de la Cultura y el Pueblo Trabajador (1958), la Central de Trabajadores del Uruguay (1961), la Confederación Sindical del Uruguay (1951), la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (1958), el Comité Intersindical de Funcionarios del Estado (CIFE) y federaciones de tradición autónoma de larga trayectoria, entre otros. Para estos años la sindicalización se había extendido ampliamente en casi todos los sectores de la economía nacional, y algunas organizaciones de trabajadores contaban con una vasta experiencia organizativa y de lucha (frigoríficos, neumáticos, textiles, portuarios, navales, ferroviarios, entes del Estado, construcción, metalúrgicos, entre otros) que permitían la realización y preparación de huelgas extensas y el uso de diversos repertorios de acción a nivel sectorial en los lugares de trabajo.

La ocupación del espacio laboral, incluyendo los grandes establecimientos productivos, fue una medida que se implementó durante este año en UTE y en el Frigorífico Nacional como mecanismo de protesta. Por otro lado, las marchas a pie de los trabajadores agrícolas del interior hacia la capital también fueron otras formas de movilización que se venían utilizando desde el segundo lustro de la década del 50. Estas se intensificaron y cobraron mayor notoriedad e impacto social a comienzos de los 60 con el conflicto y las marchas cañeras, que dieron cuenta en la capital de los niveles de pobreza y deterioro social que se vivían en los interiores del país. El anclaje territorial en diversas barriadas montevideanas que algunos sindicatos industriales habían construido desde algunas décadas atrás hacía más extendidas sus convocatorias y generaba una influencia más amplia en la población trabajadora de esas barriadas.

A su vez, desde fines de 1963 se intensificó la movilización del funcionariado público de la Administración Central nucleados, por un lado, en la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos (ANFP) y, por otro, en CIFE y el Plenario de Hacienda, inicialmente, y luego a partir de agosto de 1964 en la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE).

En el marco de la Rendición de Cuentas de 1963 y la definición del Presupuesto de 1964 tuvieron lugar importantes movilizaciones, que incluyeron la paralización por 72 horas y la intención de la huelga por tiempo indeterminado del sector. Además, tuvieron lugar huelgas en la Salud Pública y en el Correo (Girona y Siola, 2016). Otro sector del funcionariado público que se movilizó intensamente fue el de los Entes Autónomos.

Nuevamente estuvieron en el debate público los límites al derecho de huelga, en particular en los servicios públicos y en el Estado, que continuaban prohibidos por la vigencia de la disposición del artículo 165 del Código Penal. En diversos organismos y entes del Estado se implementaron sanciones disciplinarias ante la paralización de actividades, con resoluciones que descontaban mayor salario al que correspondía al tiempo de ausencia (Siola, 2023).

Las escasas respuestas estatales a los problemas económicos y sociales que profundizaron la pobreza, la desocupación y deterioraron las condiciones de vida y trabajo de vastos sectores de la población, aumentaron el descontento social, la conflictividad y la movilización obrera.

En el año 1964 se integraron todos estos componentes, a lo que se sumó una gran inestabilidad regional y del régimen político local. El Ejecutivo Colegiado no contaba con mayorías parlamentarias, lo que generó grandes dificultades para consensuar políticas y hacer frente a los problemas urgentes.

La muerte en 1964 de los tres principales líderes de las dos formaciones tradicionales, el Partido Nacional y el Partido Colorado (Benito Nardone en abril y Daniel Fernández Crespo y Luis Batlle Berres en julio), generó mayor dispersión y desorganización entre los distintos sectores partidarios y aumentó la parálisis gubernamental (Alonso y Demasi, 1986).

A su vez, el golpe de Estado cívico-militar en Brasil, que derrocó en el mes de marzo al presidente Joao Goulart con el apoyo político de la embajada estadounidense, generó alerta y preocupación en el país y en el movimiento sindical. Por otro lado, la ruptura de las relaciones diplomáticas con Cuba el 8 de septiembre de ese año propició la respuesta de los estudiantes universitarios y el movimiento sindical por medio de ocupaciones y movilizaciones. El conflicto tuvo su punto más álgido en la despedida de los diplomáticos cubanos por parte del movimiento obrero-estudiantil en el aeropuerto de Carrasco el 12 de setiembre, que fue duramente reprimido por las fuerzas policiales.

A la movilización sindical sin pausa se sumó el rumor alarmante de reuniones de militares de altas esferas que habían expresado disconformidad con los sueldos de legisladores y lo que consideraban corrupción política (Alonso y Demasi, 1986)

El aumento de la represión antisindical y la suspensión de las libertades democráticas, así como el avance del autoritarismo en países vecinos, alertaron al movimiento obrero y propiciaron condiciones para una mayor articulación y unificación sindical. Luego de discusiones el 24 y 25 de setiembre de 1964, se conformó la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) como un organismo coordinador permanente donde participó una parte significativa del movimiento sindical. Este proceso no ha sido investigado en toda su magnitud, pues si bien la conformación permanente de este organismo constituyó un mojón significativo que expresó la tendencia a la unificación y centralización sindical de importantes y destacados gremios, convivió en el período con una heterogeneidad de formas de acción sindical colectivas, en materia de concepción político gremial y de funcionamiento territorializado y descentralizado.

En el campo de las izquierdas se produjo la radicalización del Partido Socialista, con la desvinculación de su líder histórico Emilio Frugoni a comienzos de 1963 y la ratificación por parte del 34° Congreso ordinario de las premisas adoptadas un año antes en la perspectiva de conformación de un “Movimiento Nacional y Popular” que uniría a “todos los sectores populares detrás de un programa de revolución nacional” (Rey Tristán, 2005). La conformación de la Unidad Popular para las elecciones de 1962 y el posterior alejamiento de la vía electoral permitieron la conjunción de socialistas con grupos escindidos por izquierda del Partido Colorado, de la Unión Cívica, y de la Liga Federal, así como de la Agrupación Nuevas Bases integrada por terceristas universitarios.

Por otra parte, la articulación de militantes anarquistas, maoístas y del Movimiento Revolucionario Oriental (MRO) en torno al Movimiento de Apoyo al Campesinado (MAC) impulsado por Raúl Sendic, sentaron las bases de “El Coordinador”, que posteriormente derivó en la conformación del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros MLN-T (Duffau, 2008).

Para este período, la incidencia sindical del Partido Socialista fue muy débil, pero concentró un lugar relevante en la dirección del Congreso Obrero Textil –que a través de la figura independiente de Héctor Rodríguez fue el principal opositor al sindicalismo comunista y cara visible del Congreso del Pueblo–, y tuvo también participación en la lista 1955 de la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU), integrando la coordinación sindical denominada Tendencia Combativa (TC).

Por su parte, el Partido Comunista del Uruguay, que había salido fortalecido de las elecciones de 1962 con la conformación del Frente de Izquierda de Liberación (FIDEL) y mantenía su premisa de avanzar en una revolución democrática utilizando la vía electoral, también planteaba la necesidad de una “acumulación de fuerzas” de distintos sectores sociales y mantenía su influencia organizada en el movimiento sindical. Dirigía la Central de Trabajadores del Uruguay (CTU), y había logrado lugares de dirección en otros sindicatos de tradición autónoma (bancarios, frigoríficos, funcionarios públicos, entre otros). Ello lo ubicó como una de las fuerzas de izquierda más relevantes en el proceso de conformación de la CNT.

Los anarquistas por su parte, también se habían organizado políticamente en la Federación Anarquista del Uruguay desde 1956 y desarrollaron en este período una importante influencia en el movimiento sindical a partir del sindicato obrero del neumático (FUNSA) dirigido por León Duarte y diversas agrupaciones, confluyendo con socialistas, maoístas e independientes en la Tendencia Combativa. A partir de su intervención en el movimiento estudiantil y sindical conformaron posteriormente la Resistencia Obrero Estudiantil (ROE).

De la CNT a la Jornada Nacional de Protesta

En este contexto, la CNT emergió como un intento de agente de orientación común, dentro de un movimiento de trabajadores que se reveló mucho más amplio y diversificado.

La convención que se conformó definió “un plan de lucha” en cinco etapas que derivarían en la convocatoria al Congreso del Pueblo y en la resolución no escrita de que, ante la concreción de un golpe de Estado, los sindicatos responderían con la huelga general y ocupación de los lugares de trabajo (Porrini, 2014).

Al descalabro económico mencionado se sumó la crisis bancaria en el sector privado en 1965. La banca se había desarrollado en el mercado local desde los años 50 con entidades financieras que carecían de controles monetarios de las autoridades. Al default del Banco Regional en 1964 le siguió el del Banco Transatlántico en abril de 1965, que era el segundo banco privado más importante del país y debió ser intervenido por el Banco República para evitar una corrida generalizada (Caetano et al., 2019).

El año 1965 marcó un nuevo “corte” en la política económica del gobierno. Este propició por medio del “Plan Ortiz” políticas liberalizadoras con las que buscó contener el desorden del sistema financiero a través de la unificación del mercado de cambios y la devaluación. Sin embargo, su aplicación significó un nuevo fracaso, en tanto no detuvo el espiral especulativo y la fuga de capitales y posibilitó el aumento del endeudamiento externo, la inflación y el deterioro del salario real (Álvarez, 2020).

Ante el paro de 24 horas y la “Jornada Nacional de Protesta” impulsada por la CNT en el mes de abril de 1965, en reclamo por “medidas contra la crisis, la inflación y la bancarrota nacional”, que contó según el diario de izquierda Época con la participación de medio millón de personas, el gobierno decretó Medidas Prontas de Seguridad.3

Frente al default financiero en curso, la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) definió el 22 de ese mes un paro por tiempo indeterminado para evitar la corrida bancaria y planteó la necesidad de la reestructuración de la banca (Caetano et al., 2019).

A este escenario local y regional convulsivo se sumó una nueva intervención estadounidense en Latinoamérica. Esta vez, de forma directa con la invasión militar a la República Dominicana el 28 de abril de 1965, que propició el rechazo de los sindicatos cenetistas que denunciaron en la jornada del primero de mayo la intervención norteamericana en países latinoamericanos.

Consolidación del plan de lucha y construcción del Congreso

El primero de mayo de 1965 fue concebido por la CNT como la cuarta etapa de su plan de lucha y una instancia clave en la gestación del Congreso del Pueblo. Las etapas previas fueron: 1) organización de asambleas y mítines en fábricas de Montevideo y capitales departamentales; 2) movilizaciones sindicales en zonas rurales para integrar asalariados del interior; 3) trabajo en comités barriales y zonales con vistas a una jornada nacional contra la carestía en abril; 4) conmemoración del Primero de Mayo como instancia de articulación multisectorial. El Congreso del Pueblo sería la quinta y última etapa proyectada.

La jornada se organizó con una fuerte impronta territorial: ocho columnas de trabajadores partieron desde distintos barrios de Montevideo para confluir en el acto central de Agraciada y Colonia. Esta movilización visibilizó la voluntad de articulación entre trabajadores urbanos, asalariados rurales, jubilados, estudiantes, docentes y pequeños productores, en oposición explícita a los sectores privilegiados del país: latifundistas, grandes capitalistas y banqueros.4

Pocos días antes, la llegada de la tercera marcha cañera desde el norte había reafirmado la potencia simbólica del reclamo agrario dentro del movimiento sindical. La columna de UTAA fue recibida con actos masivos en Belvedere y en la Plaza Libertad, donde se destacó la centralidad del acceso a la tierra y la necesidad de una alianza campo-ciudad. Las banderas artiguistas con la leyenda “Tierra” condensaba el marco de injusticia histórica y una demanda concreta de distribución de la propiedad, generando una fuerte carga política y emocional.

A lo largo de los meses siguientes, el movimiento sindical sostuvo sesiones de preparación que definieron los contenidos programáticos del Congreso, al tiempo que se consolidaban nuevos apoyos sociales. Estas acciones permitieron profundizar una narrativa movilizadora basada en la denuncia de la crisis, la apelación a soluciones estructurales y la construcción de un sujeto político bajo la figura del “pueblo”. La elaboración discursiva de este marco interpretativo fue clave para articular demandas sectoriales y legitimarlas ante una base ampliada. Pero además fue un factor de politización del movimiento sindical y social en general.

La concreción del Congreso del Pueblo en agosto de 1965, con la participación de más de 900 delegados de todo el país, activó una reacción inmediata por parte del gobierno. En octubre, en el marco de un conflicto presupuestario con los funcionarios públicos, el Poder Ejecutivo decretó nuevamente Medidas Prontas de Seguridad. La represión fue extensa: allanamientos, detenciones de más de 400 sindicalistas, clausura de medios de comunicación y prohibición de manifestaciones. La prensa de izquierda denunció torturas a detenidos, y artículos como “Golpe de octubre” de Héctor Rodríguez en el diario Época reintrodujeron el debate sobre la necesidad de una “legítima defensa” sindical ante la violencia estatal.

Pese a este escenario, la CNT desafió la represión gubernamental de las MPS con un paro general el 13 de octubre, mientras que diversos gremios, instituciones y sectores estudiantiles mantuvieron movilizaciones relámpago. El 24 de octubre se realizó una asamblea general de gremios en el Palacio Peñarol, y en noviembre se impulsó una campaña por la defensa de los derechos sindicales y la amnistía de los destituidos. Ante la continuidad del conflicto, el gobierno volvió a decretar Medidas Prontas de Seguridad el 7 de diciembre, esta vez por quince días. Aunque finalmente se alcanzó un principio de acuerdo, la conflictividad no desapareció. El Estado no logró desactivar la capacidad de movilización obrera, pero el movimiento sindical, forzado a responder a la represión, debió postergar el despliegue pleno del Congreso del Pueblo como plataforma transformadora. La iniciativa, concebida como horizonte estratégico, se vio así desplazada por la urgencia de resistir el embate autoritario.

El Congreso del Pueblo: organización y dinámica

Desde su convocatoria, el Congreso fue concebido no sólo como un evento, sino como una estrategia política de acción colectiva que articulaba diagnóstico, pronóstico y motivación. A partir del enfoque de los marcos de acción colectiva (Snow y Benford, 1992), puede entenderse cómo el movimiento sindical construyó una narrativa que identificaba causas comunes de la crisis (marco diagnóstico), formulaba una plataforma de soluciones programáticas (marco pronóstico), e impulsaba a la movilización mediante apelaciones históricas, éticas y simbólicas (marco motivacional).

La organización del Congreso incluyó una estructura deliberativa amplia. La Asamblea Nacional Representativa, reunida previamente los días 4 y 5 de septiembre, definió una Junta Coordinadora Nacional y su funcionamiento, con representación de sindicatos, gremios profesionales, organizaciones estudiantiles y cooperativas. Paralelamente, se desarrollaron convenciones departamentales y asambleas vecinales, que evidenciaron un esfuerzo sostenido por descentralizar la participación y proyectar una articulación territorial del “pueblo” convocado.

Durante el evento, las comisiones de trabajo retomaron la estructura de las instancias preparatorias: asuntos económicos, cultura, bienestar social, entre otras. En ellas participaron delegados de sindicatos, gremios del interior, organizaciones estudiantiles y movimientos rurales. Además, se presentaron diagnósticos sectoriales, como los informes sobre los entes públicos, la banca y el analfabetismo, elaborados por actores diversos, desde bancarios hasta defensores de la educación pública.

Estas elaboraciones fueron parte de un proceso más amplio y de más larga data donde tuvo cierta influencia el trabajo de diagnóstico y el Plan elaborado por la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE) en 1964, y en particular un grupo de economistas investigadores ayudantes de dicho organismo, parte de la denominada “autocrítica desarrollista”, que se llamó Grupo de Estudios de Política Economía y Sociedad (GEPES) y se conformó en 1963 (Messina, 2025). Este grupo5 tenía ciertos vínculos con la dirigencia socialista, en particular con Vivian Trías y una estrecha relación con diversos sindicatos, con los cuales realizaban diversas charlas en los lugares de trabajo y cursos de formación sobre la situación económica del Uruguay. En particular estrecharon lazos con el Congreso Obrero Textil en la figura de Héctor Rodríguez y con FUECI a través de José Delía. Del grupo de técnicos, Alberto Bensión y Alberto Curiel participaron directamente como asesores de la CNT en el Congreso del Pueblo contribuyendo a la elaboración del Programa de Soluciones a la crisis. Señala Messina (2025) que estos economistas “realizaron una suerte de reapropiación hacia la izquierda política de las propuestas de la CIDE”.

Desde su convocatoria, el Congreso del Pueblo no se planificó como simple plataforma reivindicativa, sino que se construyó en torno a un plan de lucha y una configuración organizativa que constituyó en el vértice superior un órgano colegiado denominado “Junta Coordinadora Nacional”. En torno a la propuesta del Congreso se procuró articular un movimiento social amplio donde por encima de las múltiples identidades políticas de los participantes o tendencias se constituyera un sentido de pertenencia colectivo de interés común que superara las lealtades y solidaridades a grupos específicos. A partir de la relevancia política que adquirió entonces el movimiento sindical y de la capacidad que mostraba para elaborar respuestas colectivas, surgió la perspectiva de ampliar el movimiento.

En tal sentido, Héctor Rodríguez, uno de los principales promotores del Congreso e impulsor de hacer de este un movimiento social amplio y capaz de influir con su acción y programa en la realidad política nacional, desde las páginas de Marcha señalaba como expectativas “alcanzar un verdadero acuerdo nacional en materia de soluciones a la crisis” y “poner en marcha energías suficientes como para llevar a la práctica aquel acuerdo”.6

El Orden del día del Congreso se conformó con tres puntos: 1) elaboración, discusión y aprobación del Programa de soluciones a la crisis; 2) plan de lucha, “para hacer realidad dicho programa”; y 3) designación de organismos permanentes del Congreso del Pueblo. Como ya hemos mencionado, uno de los organismos permanentes fue la Asamblea Nacional Representativa, integrada por sesenta y ocho delegados de las más variadas ramas.7

El evento se realizó entre el 12 y 15 de agosto en el Palacio Peñarol, y significó un amplio despliegue organizativo, con el desarrollo de múltiples columnas obreras y sociales, la disposición de cientos de autos particulares para trasladar participantes desde los interiores del país y la movilización de una multitud a las afueras del recinto.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Dr. Atilio Morquio, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Luego de la presentación de Morquio, hicieron uso de la palabra algunos representantes de “organizaciones sindicales y populares”. Las distintas crónicas del día de apertura nos permiten ver cómo, si bien había un orden del día y parecía estar todo pautado y comunicado a los participantes, el espacio para las irrupciones estaba habilitado. Así lo demuestra la toma de la palabra de los delegados de la Asociación de Bancarios del Uruguay:

Cuando terminaba de hacer uso de la palabra el Presidente de la sesión inaugural, irrumpió al Palacio una columna de la Asociación de Bancarios del Uruguay portando carteles reclamando la nacionalización de la Banca Privada, postulando para el pueblo y el país el derecho de manejar en provecho del pueblo el ahorro nacionalizado. Una ovación saludó su ingreso al Palacio, acompañando la consigna bancaria de “Banca privada, nacionalizada”.8

Los discursos pronunciados –por sindicalistas, representantes rurales, estudiantes y cooperativistas– evidenciaron la amplitud de la convocatoria y el carácter policlasista del “pueblo” que se pretendía representar. Se incluía e incorporaba de este modo a sectores de clase media que veían afectadas sus condiciones de vida por los efectos del descalabro económico, así como a pequeños propietarios.

Esta figura del “pueblo” no era genérica: se construyó discursivamente como un sujeto político que agrupaba a todos los sectores sociales afectados por la crisis –trabajadores, jubilados, estudiantes, pequeños empresarios y productores– en contraposición a “los de arriba”, los responsables del modelo de dependencia y exclusión. En términos de representación social (Moscovici, 1961), el Congreso elaboró una frontera simbólica que distinguía un “nosotros” activo y colectivo, de un “otro” privilegiado y anti-solidario, que se popularizó en la oposición “oligarquía-pueblo”. Esta construcción identitaria se reforzó con referencias históricas al artiguismo, como el Reglamento de Tierras de 1815, o frases emblemáticas como “que los más infelices sean los más privilegiados”, que dotaron de legitimidad nacional-popular al discurso.

Así, el Congreso no fue solo un espacio deliberativo, sino un dispositivo estratégico y simbólico que logró aglutinar sectores diversos, visibilizar agendas, y proyectar una forma alternativa de poder popular. Desde la perspectiva de los marcos de acción colectiva, su fuerza radicó en haber integrado un diagnóstico estructural, una propuesta programática y una apelación movilizadora capaz de dotar de sentido compartido a una identidad colectiva en disputa.

Nosotros el “Pueblo”

En contraposición a una visión espontaneísta de la movilización, el Congreso del Pueblo es un claro ejemplo de cómo se implementaron dispositivos de interpelación sostenida, desde su primera convocatoria hasta su realización. Hacer visible el diagnóstico de la crisis fue una de las herramientas más potentes para movilizar: se buscó no solo informar, sino generar identificación emocional y moral con un “nosotros” popular frente a un “ellos” culpable. Así lo expresa el diario socialista El Sol en su anteproyecto programático: “Los culpables reales son los 521 propietarios de más de 2.500 hectáreas de tierras” (6 de agosto de 1965), a los que se suman como cómplices “el gobierno, la policía y los bancos”

Este encuadre antagonista y de polarización política reforzó la cohesión interna y funcionó como eje de un marco diagnóstico común. Ello se puede visualizar tanto en la propaganda del movimiento estudiantil como sindical. A su vez la prensa de izquierda insistía en esta narrativa. Época señalaba: “Los únicos beneficiarios de esta situación son las clases dominantes, aliadas al capital monopolista extranjero, responsables de la bancarrota que amenaza al país” (10 de abril de 1965). Mientras que, desde Marcha, Carlos Quijano apuntaba a “los que mandan y han sido los autores del régimen en que nos movemos” (9 de abril de 1965), y Héctor Rodríguez hablaba directamente de “los de arriba” como encarnación del privilegio y la injusticia (18 de junio de 1965).

En este contexto, el “pueblo” fue definido no por su carencia, sino por su potencia transformadora, en línea con la propuesta de Badiou (2014). Esta construcción identitaria no fue homogénea ni inmediata: mientras algunos sectores estaban ya integrados a la lógica sindical (FEUU, clases pasivas), otros fueron incorporándose por primera vez: el Sindicato Médico, el Movimiento Nacional de Defensa del Petróleo, las cooperativas agrarias y de producción o la Federación de Iglesias Evangélicas. Esta expansión progresiva fue visible en la prensa: Época destacaba que “más de trescientas organizaciones de diversas índoles ya han confirmado su participación” y señalaba que “en varios departamentos las organizaciones sindicales y populares ya han asegurado su concurrencia” (14 de julio de 1965).

El uso de la palabra “popular” también muestra una tensión. En muchos casos, “organizaciones populares” se diferenciaban de las sindicales, funcionando como una categoría amplia, imprecisa, pero útil para integrar a colectivos barriales, estudiantiles o culturales. Esta ambigüedad estratégica permitía que todos los sectores marginados por la crisis se reconocieran como parte del “pueblo”. Ejemplo de ello es la frase publicada por el arquitecto Carlos Latchinian, delegado ante la Comisión de Educación: “Los docentes universitarios también somos pueblo”.9 En este sentido la amplitud de la categoría se utilizaba mayormente para integrar a los sectores medios y formales, pequeños propietarios, profesionales, artistas, pequeños comerciantes y empresarios. Dicha elasticidad, sin embargo, no parecía alcanzar a la población marginal y desocupada, ni al universo diverso del trabajo informal, a domicilio o ambulante. Al mismo tiempo, en tanto se distanciaba de la conceptualización clásica clasista permitía sortear o eludir la larga discusión estratégica que dividía a las izquierdas en relación con las vías de la transformación social, los sectores que la protagonizarían y el papel específico de la burguesía nacional.10

En los discursos y panfletos, esta apelación se reforzó con la firma de personas identificables –docentes, artistas, sindicalistas– más que colectivos abstractos, generando confianza y conexión emocional. Las emociones –indignación, orgullo, solidaridad– se transformaron en cemento de una identidad compartida. Así, el “pueblo” no fue simplemente una categoría social, sino una construcción política que permitía articular diferencias y proyectar un horizonte común.

La noción de “pueblo” operó entonces como un concepto histórico en disputa. A través de marchas, asambleas, discursos y medios afines, el Congreso del Pueblo buscó ser no solo una representación del pueblo, sino su expresión política más legítima y amplia. En palabras del semanario de izquierda independiente Marcha, se trataba de “crear un movimiento nacional que agrupe a trabajadores, jubilados, campesinos, maestros, estudiantes y profesionales” (9 de abril de 1965), un movimiento que respondiera a la crisis no con fragmentación, sino con unidad activa.

Así, esta noción de pueblo permitía la conjunción de visiones políticas contradictorias y una articulación más indefinida que integraba ideas nacionalistas, desarrollistas y de izquierda. Cabe preguntarse hasta qué punto el contexto de crisis y resquebrajamiento del régimen democrático no propició una reapropiación de parte del movimiento sindical y de los convocantes al Congreso del discurso liberal democrático tradicional que iba quedando atrás. Cabe preguntarse en qué medida este discurso no significó un intento “desde abajo” o “desde el espacio social” a la estrategia del Frente Popular.

El “pueblo” en la construcción programática

Cómo señala Messina (2025), en términos generales puede evidenciarse en el programa que emanó del Congreso del Pueblo una versión izquierdizada o más radical de los planteos de la CIDE. El documento de soluciones a la crisis formulaba una serie de reformas estructurales y de planificación económica que son el foco de esta sección. Las orientaciones de reestructuración planteaban la apuesta por la producción industrial para garantizar el empleo y el aumento de la productividad sin aumentar la explotación del trabajo, facilitando la elaboración de productos que sustituyeran las importaciones. También la distribución de la tierra mediante una reforma agraria integral que erradicara el latifundio y el minifundio y que la entregara a sus trabajadores (peones, medianeros, arrendatarios), a colectivos sociales y a quienes quisieran trabajarla. A su vez, planteaba “la prohibición de la existencia o de desarrollo de sociedades anónimas en la propiedad o en la explotación de la tierra”,11 la conformación de cooperativas de producción y de viviendas. Quizá el planteo más radical del programa fue el de la defensa de los recursos financieros generados en el país a través de la nacionalización del comercio exterior y de la banca privada que se encontraba en crisis. Se planteaba la prohibición de las importaciones suntuarias y aquellas que compitieran con la producción nacional y el redireccionamiento de las divisas a las necesidades populares. El programa planteaba la nacionalización total de la banca en manos del Estado y la creación de bancos de fomento y de un Banco Central en el que deberían tener participación los trabajadores del país.

De conjunto, esta síntesis constituyó un avance en materia de politización del movimiento social, en la construcción de un programa que integraba los problemas sectoriales en un programa político general, y presentaba una hoja de ruta para la transformación del país.

El programa como respuesta al proceso de liberalización económica que se vivía al menos desde 1959 reclamaba un mayor involucramiento del Estado en la economía. En ese sentido, se trataba de una perspectiva que abogaba por una mayor planificación estatal de la economía en los marcos de un Estado liberal. El Estado cumplía el papel central, debía “asumir la responsabilidad del desarrollo industrial”, coordinar las actividades industriales y comerciales y nacionalizar los monopolios. A su vez el programa también planteaba la necesidad de transformar el Estado, modificar funciones, eliminar “el régimen de reparto político de los directorios de los Entes y de los cargos técnicos y de trabajo”.12

Otro eje programático del Congreso, que apareció fuertemente en los discursos y argumentaciones, fue la defensa de la soberanía nacional ante las intromisiones e intervenciones extranjeras. La apelación al legado artiguista y a la lucha de independencia aparecía cómo alusión histórica para destacar una trayectoria y una coherencia del pueblo uruguayo en la defensa de la soberanía y las libertades públicas. Decía Héctor Rodríguez:

El Congreso del pueblo y las instituciones que a él se integran con el propósito de aplicar el programa de soluciones a la crisis que vive el país, cumplirán esta tarea reafirmando los principios de soberanía nacional y luchando por la vigencia del perfeccionamiento del régimen de libertades públicas imperantes en nuestro país. Ese es el sentido de nuestra reunión.13

El programa de bienestar social también planteaba una serie de reformas a la seguridad social: mayor financiamiento patronal, jubilación mínima vital, pago de aguinaldo a las pensiones, aumento de las asignaciones familiares, despartidización de las Cajas y supresión del clientelismo, entre otros. A su vez, el Congreso formuló el planteo de que la protección de los riesgos sociales es responsabilidad de toda la sociedad, por lo cual defendió una serie de beneficios: asignaciones familiares por hogar constituido y por hijo, seguro de enfermedad para el núcleo familiar, salario y atención a la maternidad, seguro contra accidentes de trabajo, seguro de paro al desocupado y un servicio nacional de empleo. La propuesta definía, según las “normas más elementales de justicia social”, que quienes debían sostener el sistema debían ser las clases de mayores ingresos. Por ello, los impuestos al patrimonio, a la renta y a los consumos suntuarios debían financiar parte de la seguridad social.

Otras de las reivindicaciones del bienestar y el trabajo establecían la creación de un salario mínimo nacional de acuerdo con el costo de vida, regulado por las oficinas estadísticas manejadas por organismos oficiales y sindicalistas, la modificación del Estatuto del trabajador rural para extender todas las leyes laborales al campo, y la reformulación de la justicia del trabajo para hacerla más eficiente.

Por último, el Congreso también analizó la situación de la enseñanza y la cultura, y en particular realizó un estudio importante sobre analfabetismo y abandono escolar. En términos programáticos se pronunció en defensa de la educación pública, gratuita, laica y democrática, así como por mayores recursos para su desarrollo.

Conclusiones

Los documentos nos permitieron notar que, desde la convocatoria, los organizadores intentaron presentar un “marco de injusticia” que iba más allá de la cuestión salarial y les permitiera afirmar una identidad de grupo (Fillieule, 2015). Esto se hizo más evidente a medida que el Congreso se consolidaba como propuesta, estableciendo un movimiento con fronteras porosas, pero con una estructura organizativa claramente definida. Del descontento general y una amplia conflictividad ante la crisis, emergió la actuación colectiva del movimiento en pos de constituir un poder alternativo en los márgenes democráticos.

El Congreso pareció buscar la extensión, unificación y centralización del movimiento social para configurarse en un relevante actor político. Amplio, pero con predominancia del movimiento sindical en su conducción. Para ello, propició instancias de discusión y organización en el territorio, y habilitó una pluralidad de interacciones entre distintos sectores y organizaciones sociales de diversa índole, así como redes sociales amplias, lo que fomentó una participación masiva y desde la base.

En términos programáticos, a partir de una elaboración más izquierdizada de los diagnósticos de la CIDE, el Congreso presentó una serie de soluciones para resolver la crisis general que vivía el país. Este intentó ser una síntesis de intereses y problemáticas diversas de amplios sectores oprimidos. El sentido general de las propuestas apuntaba a un reordenamiento de la economía nacional que evitara la transferencia de recursos de los trabajadores al sector empresarial, y de la renta nacional al capital extranjero y financiero, así como a la defensa de la cultura y las libertades democráticas. El Congreso del Pueblo, alejado voluntariamente de la política partidaria, buscó articular las luchas sociales y formular un programa que desde el campo social, y fundamentalmente sindical, propusiera una síntesis y sorteara la fragmentación que existía en las izquierdas. Por ello, evitó introducirse en las vías para la aplicación del programa de planificación económica que formuló o, en otro sentido, eludió el problema de la estrategia de poder que dividía a las izquierdas, quiénes y de qué modo se llevarían adelante las medidas de solución a la crisis, qué proceso, qué Estado, qué régimen, qué instituciones.

Tanto en las convocatorias como en las resoluciones, se puede visualizar una conjunción de ideas nacionalistas y desarrollistas que confirman, en cierto modo, la afirmación de Alonso y Demasi (1986) de que en los gremios “el Uruguay liberal se negaba a morir”. Aparece una especie de negación a lo perdido, y en última instancia a la verdadera dimensión de la crisis para la cual se buscaban soluciones. Formulaciones que pretendían un retorno hacia atrás, o un avance en los marcos que se derrumbaban, con el aumento de la represión, las amenazas de golpe de Estado y los golpes efectivos en la región.

El programa que el movimiento elaboró fue construido como propuesta de soluciones o de reivindicaciones, pero desde un lugar de demanda, resistencia y presión social ante los mecanismos de los marcos democráticos liberales establecidos. Ello puede explicar, inferimos, entre otros factores, por qué las estructuras tan relevantes de poder alternativo (Junta Coordinadora Nacional y la Asamblea Representativa Nacional) construidas en el Congreso del Pueblo no tuvieron permanencia: no cuajaron como una expresión activa y alternativa de dirección del movimiento social.

En suma, los actores que participaron del Congreso del Pueblo no proyectaron que fuera el propio movimiento quien ejecutara las soluciones elaboradas, o al menos no desarrollaron una estrategia en ese sentido. Esto debilitó su agencia y propició su posterior disolución frente a la creciente conflictividad sectorial y derivas electorales.

Desde el enfoque de los marcos de acción colectiva (Snow y Benford, 1992), el Congreso desplegó una narrativa movilizadora que combinó un diagnóstico común sobre la crisis, una propuesta programática nacional-popular y una apelación identitaria que buscó motivar la acción colectiva. No obstante, esa arquitectura de sentido no fue acompañada por una estrategia política duradera de transformación desde el propio movimiento.

En esa línea, Diego Castro (2022) ha señalado que el Congreso puede entenderse como un intento de formular un mandato popular desde abajo, sin subordinarse a la lógica estadocéntrica. Esta interpretación ayuda a pensar los límites de la radicalidad de este poder popular: fuerte en lo discursivo y programático, pero débil en términos de sostenibilidad organizativa, dirección autónoma y política estratégica.

El Congreso presentó una concepción de la política que puso en el foco la acción colectiva, como método de influir en las decisiones de gobierno. Una perspectiva que como señalaba Héctor Rodríguez, se negaba a “concebir la vida política del país en términos electorales” y considerando que los votos no eran capaces de “crear un verdadero centro de poder con respaldo popular”. Por tanto, se procuraba promover la movilización social como principal objetivo del Congreso, la cual era capaz de “enseñar más que muchas campañas electorales”. En esta perspectiva el Congreso presentaba una potencialidad superior a cualquier formación partidaria, al punto que, ante propuestas de hacer un partido político a partir de dicha instancia, Rodríguez señalaba que “meter este movimiento en un partido […] parece tan difícil como guardar un elefante en una caja de fósforos”.14 De hecho, el programa del Congreso y su plan de acción fue el punto máximo de convergencia al que las izquierdas comunista, socialista y anarquista pudieron llegar siendo que defendían perspectivas estratégicas y marcos de alianza para el cambio social tan divergentes.

Las tensiones existentes entre quienes pretendían hacer del Congreso un movimiento político que ejerciera presión sobre la actuación del Estado y quienes procuraban incorporar sus lineamientos y sus apoyos dentro de grupos y programas partidarios, se diluyeron en 1966, tras la represión sufrida por la movilización obrera a fines de 1965 y una campaña electoral que integraba la contienda entre distintas propuestas de reforma constitucional y que, en algunos casos, integraban reclamos y propuestas surgidas del Congreso.

Es difícil evaluar, a partir de material de prensa, en qué medida se gestó una identidad grupal en el contexto previo y propio del Congreso, que haya logrado superar los intereses de los grupos y organizaciones que formaron parte.

Lo cierto es que la mayoría de las organizaciones sociales que fueron parte del evento reivindicaron tanto la convocatoria como el propio evento. Las expectativas allí depositadas se vincularon también con los recursos movilizadores que la propia convocatoria desplegó, incluyendo el aspecto emotivo. La construcción de un “nosotros” amplio, donde se integró una diversidad de organizaciones y actores sociales, estuvo atravesada por la noción de “pueblo”, de la cual el propio Congreso era expresión.

Esta construcción emotiva y discursiva no sólo permitió identificar a los actores que eran parte del pueblo, sino también delimitar quiénes quedaban fuera de esa definición. Cabe destacar que lo que va a enmarcar la identidad es la idea de pueblo, trascendiendo la idea de izquierda que no aparece en su uso como noción, más allá de que pueda estar comprendida en lo que se considera pueblo.

El concepto de pueblo, entonces, no se limitaba a ser un término que facilitaba la integración o inclusión, sino que, en tanto concepto histórico, evocaba la figura de un sujeto colectivo policlasista entendido como protagonista de la transformación social.

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