Más que una Agenda de Derechos. Izquierda social y política en el Uruguay progresista (2010-2015)

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Diego Grauer, Lucía V. Martínez Hernández y Julián Reyes

Facultad de Humanidades y Facultad de Humanidades y Facultad de Ciencias Sociales -
Ciencias de la Educación - Ciencias de la Educación - Universidad de la República
Universidad de la República Universidad de la República Montevideo, Uruguay
Montevideo, Uruguay Montevideo, Uruguay
diego.grauer@gmail.com luveromh@gmail.com julianrvp@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2115-3220 ORCID: 0000-0001-7402-0838 ORCID: 0009-0009-3381-1196

Resumen: Este artículo analiza la denominada “agenda de derechos” impulsada en Uruguay durante el gobierno de José Mujica (2010–2015) y cuestiona su caracterización como una forma de politización exclusivamente identitaria o cultural. Para ello, reconstruye su emergencia a partir de las trayectorias recientes del movimiento feminista, el de la diversidad sexual y el cannábico; examina sus instancias de articulación y construcción de sentido; e incorpora al análisis el proceso paralelo de aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, promovida por el movimiento sindical. Se sostiene que en la izquierda social del período coexistieron y se entrelazaron dimensiones de redistribución y reconocimiento, y se exploran los vínculos entre movimientos, partidos y Estado en la configuración de nuevas formas de politización.

Palabras clave: Agenda de derechos – Izquierda – Movimientos sociales – Uruguay

Título: More Than a Rights Agenda: Social and Political Left in Progressive Uruguay (2010–2015)

Abstract: This article analyzes the so-called “rights agenda” promoted in Uruguay during the government of José Mujica (2010–2015) and challenges its characterization as a form of exclusively identity-based or cultural politicization. To do so, it reconstructs its emergence through the recent trajectories of the feminist, sexual diversity, and cannabis movements; examines their instances of articulation and meaning-making; and incorporates into the analysis the parallel process leading to the approval of the Corporate Criminal Liability Law, promoted by the labor movement. It argues that within the social left of the period, dimensions of redistribution and recognition coexisted and became intertwined, and it explores the relationships between movements, parties, and the state in shaping new forms of politicization.

Keywords: Rights Agenda – Left-wing Politics – Social Movements – Uruguay

Recepción: 16 de noviembre de 2025. Aceptación: 10 de marzo de 2026.

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Durante los gobiernos del Frente Amplio (FA), particularmente en el liderado por José Mujica (2010 – 2015), se aprobó una batería legislativa entre la que destacan la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (2012), la Ley de Regulación y Control del Cannabis (2013) y la Ley de Matrimonio Igualitario (2013). Junto con la organización del Movimiento No a la Baja,1 estas iniciativas se enmarcaron en lo que se denominó Agenda de Derechos (ADD) (Delacoste, 2015). Esta supuso una ampliación de la ciudadanía y el reconocimiento de diversas subordinaciones que reflotó el mito del Uruguay como país “de avanzada” e incluso le otorgó cierto reconocimiento internacional (Rivera Vélez, 2018).

Estas demandas fueron impulsadas por un conjunto de movimientos y organizaciones sociales que se articularon entre sí, definieron prioridades estratégicas y repertorios de protesta comunes (Arocena y Aguiar, 2017). Aunque algunos tenían una prolongada trayectoria en Uruguay –el feminismo y el movimiento por la diversidad sexual desde los 80, y el cannábico desde los 90– tomaron particular fuerza en el período.

La presencia del FA en el gobierno fue percibida como una estructura de oportunidad política (Tarrow, 1997). Históricamente, incluso con la existencia de procesos de “doble militancia” entre ambos espacios, este partido se había mostrado más cercano que otros a las demandas de los movimientos, y había llegado al gobierno con un discurso anclado en la justicia social y los derechos humanos (Johnson, 2000; Sempol, 2013). Sin embargo, las leyes y demandas de la ADD no se encontraban inicialmente en las plataformas programáticas del FA y, tanto su sanción como su implementación, implicaron importantes discusiones y conflictos (Aguiar, 2018). De todas formas, la ADD terminó asociándose a la izquierda en una articulación discursiva que enfrentaba al “progresismo” con el “Uruguay conservador” (Delacoste, 2015).

Los trabajos que han analizado este proceso de reformas han resaltado que esta articulación da cuenta de nuevas formas de pensar a las izquierdas y, en particular, a los movimientos sociales de este campo político y su relación con el FA. En este sentido, destacan un repertorio de protesta innovador que fue acentuado por antedichos movimientos sociales: uso de redes sociales, intervenciones urbanas, conciertos, posicionamiento de figuras públicas, lobby, etc. (Arocena y Aguiar, 2017).

Si bien se reconoce un componente transformador, predomina una lectura que subraya su carácter identitario y particularista (Aguiar, 2018; Arocena y Aguiar, 2017; Filardo y Aguiar, 2013; Rivera Vélez, 2018). A diferencia de lo que sucedía con la izquierda tradicionalmente, esta agenda vendría acompañada de un componente liberal o posmaterial, nucleado en torno a los derechos, que no demandaría un cambio estructural (Aguiar, 2018; Arocena y Aguiar, 2017; Delacoste, 2015; Ravecca, 2013).

Estos trabajos, explícita o implícitamente, reactualizan la antigua discusión entre viejos y nuevos movimientos sociales (Offe, 1984). Frente a un esquema ideologizado y centralizado de los primeros, los segundos tendrían esquemas más ambiguos, pragmáticos e informales. Asimismo, en los viejos movimientos –entre los que se encontraría el sindical–, las demandas estarían enfocadas en la distribución de ingresos desde una mirada estructuralista, mientras que en los nuevos tendrían un carácter particularista e identitario.

En los términos de Fraser (1997), puede decirse que se ha tendido a asociar este conjunto de reformas sociales y, con ello, el devenir de la izquierda social durante el gobierno de Mujica, con una primacía de cuestiones culturales (como el reconocimiento identitario) por sobre las distributivas (relacionadas con la justicia económica y social), y, dentro de las primeras, con un predominio de formas afirmativas de política cultural. Estas se habrían plasmado en un conjunto de leyes específicas y limitadas, en detrimento de alternativas transformadoras, que habrían cuestionado de forma sustantiva las injusticias subyacentes.

Nuestro análisis busca discutir y complementar estos estudios en varias direcciones. En primer lugar, se busca inscribir esta politización en una trayectoria que la conecta con la transición hacia la democracia en Uruguay, cuando surgieron nuevos actores sociales que fueron relacionándose –entre sí, con la izquierda política y con el Estado– de forma variable durante las últimas décadas del siglo pasado.

En segundo lugar, se propone problematizar la identificación entre ADD y política cultural afirmativa, visibilizando tanto la presencia de aspectos vinculados a la redistribución como la existencia de perspectivas transformadoras que desbordaron las aprobaciones legislativas. Para ello, se pone especial énfasis en aquellos momentos en que los distintos movimientos sociales se reconocieron como parte de un espacio común, construyeron sentidos compartidos y desplegaron acciones (Melucci, 1999) que disputaron tanto los sentidos dominantes en el campo político como las formas de entender la izquierda. En términos observables, orientan la indagación las siguientes preguntas: ¿las demandas de la ADD se enmarcaban en la ampliación de derechos individuales, o en la impugnación de formas de dominación? ¿Se apeló a un sujeto político particularista o se promovieron articulaciones más amplias? ¿Las demandas actualizaron una noción de democracia procedimental o apuntaron a una democratización más sustantiva del orden social?

En tercer lugar, se incorpora al análisis un caso escasamente abordado por la literatura: la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial (LRPE). La ley, impulsada en el período, hizo penalmente responsables a los empleadores que no garantizaran los medios de resguardo y seguridad previstos y pusieran en peligro la vida o la salud de los trabajadores. A diferencia de la ADD, se trató de una iniciativa impulsada por el movimiento sindical. El caso, aunque de diferente magnitud y menor notoriedad que la ADD, permite, a partir de una comparación que no pretende ser exhaustiva, iluminar las rupturas de la ADD con los sentidos tradicionales de la izquierda, por un lado, y, por otro, mostrar que ciertos rasgos habitualmente asociados a su dimensión afirmativa también estuvieron presentes en una iniciativa impulsada por el sindicalismo, pensado como un movimiento social clásico.

De forma transversal, el análisis sitúa estos procesos en la coyuntura del Frente Amplio en el gobierno, interrogando los vínculos entre movimientos sociales, Estado y sistema político: qué tipos de sentido fue posible construir, qué demandas fueron procesables, mediante qué mecanismos, y con qué efectos. En este sentido, el artículo, aunque aborda los repertorios de protesta, los marcos de alianza y las construcciones organizacionales, se concentra fundamentalmente en la construcción de sentido por los diferentes actores. Por lo tanto, se utilizan como fuentes notas de prensa del período y proclamas producidas por los propios movimientos.

Porque historia tienen las demandas

Durante la denominada era progresista (Garcé y Yaffé, 2014) se consolidó una articulación productiva –aunque no exenta de tensiones– entre el Frente Amplio y diversos movimientos sociales vinculados a la llamada ADD. Sin embargo, los vínculos entre estos actores pueden rastrearse, al menos, desde la apertura democrática de 1985. Comprender la densidad de su confluencia teórica y política requiere reconstruir brevemente la trayectoria de sus relaciones y transformaciones. En este marco, es posible identificar tres grandes momentos: la (re)emergencia de los movimientos sociales en los años 80, su reconfiguración durante los 90 y su convergencia en las primeras décadas del siglo XXI.

La transición hacia la democracia (1985-1989) abrió una ventana de oportunidad política al poner en disputa los sentidos de la “nueva” democracia que emergía, habilitando la irrupción de actores y demandas hasta entonces excluidos del espacio público (De Giorgi, 2020; Sempol, 2013). Uno de los procesos más significativos en este contexto fue la emergencia, a partir de mediados de los años 80, de un potente movimiento de mujeres y feminista en Uruguay (MMFU). Este se nutrió de muchas militantes provenientes de los partidos políticos. En su mayoría, de partidos de izquierda que, desde el exilio, la cárcel o la protesta barrial contra la dictadura, habían comenzado a problematizar críticamente el lugar de las mujeres en la sociedad, el trabajo y la política (Johnson, 2000).

De carácter marcadamente interclasista, aunque con una fuerte presencia de mujeres trabajadoras, el MMFU impulsó demandas como la igualdad salarial, el acceso a servicios básicos, el reconocimiento del trabajo no remunerado, la participación política y la despenalización del aborto (De Giorgi, 2020; Martínez Hernández, 2021). Estas reivindicaciones se articularon durante los años 80 bajo la consigna “Democracia en el hogar, en la casa y en el trabajo” (De Giorgi, 2020), inscribiéndose en una crítica más amplia que proponía una transformación estructural de la economía política (Grauer, 2020).

Gracias a su capacidad de movilización y a la doble militancia de muchas de sus integrantes, el MMFU logró cierto espacio de legitimidad en los partidos políticos. No obstante, en muchos casos esa legitimidad no trascendió la declaración de buenas intenciones (Martínez Hernández, 2021). En el FA, si bien existieron posiciones disonantes, estos planteos fueron vistos como “burgueses” o “divisores de la clase”, y en el mejor de los casos “secundarios” frente a la desigualdad de clase (Grauer, 2020). Esta tensión motivó que, a fines de los 80, muchas militantes del MMFU, abandonaran la militancia en el FA para dedicarse de lleno a las organizaciones de mujeres (De Giorgi, 2020).

La apertura democrática propició la visibilización y el surgimiento de las primeras organizaciones de diversidad sexual en Uruguay, como Escorpio y Homosexuales Unidos (HU). En un contexto de patologización de la homosexualidad, de persecución mediante razzias y la restauración del imaginario de una sociedad igualitarista y fuertemente cohesionada, estos grupos reclamaron una transformación cultural antisistémica que cuestionaba la esencialización de las categorías e identidades sexuales. A diferencia del MMFU, estos movimientos actuaron en los márgenes del campo político y tuvieron escasa capacidad de incidencia institucional (Sempol, 2013).

En 1989, tras el referéndum que ratificó la Ley de Caducidad2 y las primeras elecciones sin líderes ni partidos proscritos, se cerró la transición a la democracia (Caetano, 2005).3 La victoria del Partido Nacional estuvo acompañada por un fuerte impulso neoliberal que, aunque resistido por el FA y el movimiento sindical, se plasmó en varios niveles. En consecuencia, la década de 1990 estuvo marcada por transformaciones significativas en los planos político, social y cultural (Martínez Vázquez et al., 2025).

Por un lado, el gobierno adoptó las reformas estructurales promovidas por el Consenso de Washington: desregulación laboral, intentos privatizadores y tercerización de políticas sociales. Además, se consolidó un modelo de toma de decisiones concentrado en el Poder Ejecutivo y en agencias especializadas, en detrimento del Parlamento (Narbondo, 2011). Paralelamente, se volvió hegemónico un discurso democrático tecnocrático que concebía el cambio estructural como una amenaza a la gobernabilidad, calificando esas demandas de “anacrónicas” o “irresponsables” (Rico, 2005).

En este contexto, sumado a la caída del socialismo real y a una crisis militante en las izquierdas, el FA accedió por primera vez a la Intendencia de Montevideo (1989). A partir de la creación del Encuentro Progresista (1994), se profundizó su proceso de renovación y moderación ideológica, con un claro distanciamiento del marxismo y del obrerismo, y una mayor valorización de la democracia liberal, el mercado y los actores privados (Caetano y Rilla, 1995; Yaffé, 2005). El FA pasó a organizarse más como una izquierda institucional de base ciudadana, centrando su acción en el diseño de políticas públicas orientadas a la justicia social, los derechos humanos y el progresismo (Rico, 2005; Grauer, 2020).

En paralelo, el feminismo transitó un proceso de “onegeización”, estableciendo vínculos profesionales con organismos internacionales y estatales (Johnson, 2000) y centrando sus demandas en la obtención de derechos y políticas públicas específicas para las mujeres (Grauer, 2020). Asimismo, el movimiento por la diversidad sexual comenzó a centrarse en la visibilidad identitaria de la homosexualidad, como evidenció la Marcha del Orgullo que se realizó por primera vez en 1993. Este giro les permitió una mayor presencia pública y abrir canales de interlocución para algunas de sus demandas contra la discriminación (Sempol, 2013).

Estas transformaciones dan cuenta de un vuelco hacia la esencialización de las identidades y una reivindicación de la diferencia (Grauer, 2020; Sempol, 2013). Si bien esta tendencia conllevó cierta fragmentación, en el caso del feminismo propició avances en políticas públicas y, para ambos movimientos, permitió la apertura de espacios de interlocución con el Estado, especialmente con la Intendencia de Montevideo bajo gobierno del FA (Johnson, 2000; Martínez Hernández, 2021; Sempol, 2013). En consecuencia, la institucionalización de algunas demandas feministas y de diversidad sexual sentaron las bases para un diálogo más fluido cuando el FA alcanzó el gobierno nacional (Grauer, 2020).

Durante la misma década surgió el movimiento cannábico, compuesto principalmente por usuarios y cultivadores. Aunque inicialmente carecía de una perspectiva interseccional, hacia los 2000 este movimiento logró una articulación política más amplia (Garat, 2015). Simultáneamente, los cambios culturales impactaron sobre la concepción del consumo de las sustancias, mientras que Uruguay pasaba paulatinamente de ser un país de tránsito a ser un mercado de consumo (Domínguez, 2023), proceso que culminó en 1998 con la despenalización del consumo personal (Garat, 2015).

El siglo XXI se inauguró con una profunda crisis económica y social, seguida por las expectativas de cambio ante la inminente llegada del FA al gobierno nacional (Yaffé, 2005). En este contexto, el MMFU comenzó a generar alianzas y a habitar espacios de articulación con organizaciones sociales tradicionalmente asociadas a la izquierda como el movimiento sindical y el estudiantil (Grauer, 2020). Por su parte, en el movimiento de la diversidad sexual y el movimiento cannábico, surgieron organizaciones, como Ovejas Negras4 y Proderechos,5 que pretendíeron dotar a los movimientos de una perspectiva de izquierda e interseccional y, al mismo tiempo, que el FA incluyera demandas de género, diversidad sexual y política de drogas no presentes en sus programas (Grauer, 2024; Sempol, 2013). En 2005, por ejemplo, se da el cambio de nombre de Marcha del Orgullo a Marcha de la Diversidad, buscando que este nombre enmarque la lucha por otras desigualdades y discriminaciones (Sempol, 2013).

Desde su llegada al gobierno nacional en 2005, el FA enfrentó el desafío de compatibilizar su moderación ideológica con las exigencias de los movimientos sociales. Si bien la administración de Vázquez consolidó el paradigma de los Derechos Humanos en la política pública, el proceso no careció de tensiones. Hacia noviembre de 2008, Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en aprobar legislativamente el aborto con los votos mayoritarios del FA. Pocos días después, el presidente Tabaré Vázquez vetó la ley evidenciando las persistentes fricciones dentro de la izquierda sobre temas de género.

Estas tensiones persistieron durante el gobierno de Mujica, aunque en un contexto de mayor apertura institucional, especialmente con la aprobación de una serie de leyes que luego se conocería como ADD. Este proceso favoreció una creciente articulación entre los distintos movimientos sociales que impulsaban esas demandas. Durante el período legislativo correspondiente al segundo gobierno del Frente Amplio, dichos movimientos definieron una estrategia escalonada para presionar por sus respectivas reivindicaciones (Sempol, 2013) y construyeron un espacio común de elaboración colectiva de sentido político.

A pesar del veto presidencial de Tabaré Vázquez en 2008, que representó un retroceso, las organizaciones feministas intensificaron su presión y lograron la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2012. En 2013, se sancionaron la Ley de Matrimonio Igualitario y la de Regulación y Control del Cannabis. Esta última fue impulsada por una intensa movilización liderada por colectivos como Proderechos, que encuadraron su lucha en una perspectiva de derechos humanos (Corda et al., 2019).

Ninguna de las tres leyes se aprobó sin tensiones al interior del FA, sin conflictos con los movimientos sociales y sin una intensa movilización. Aunque el FA contaba con mayoría parlamentaria, en el caso de la despenalización del aborto fue necesario contar con el voto del diputado del Partido Independiente, Iván Posada, debido a que el frenteamplista Andrés Lima votó en contra. En términos generales, estas tensiones provocaron modificaciones al contenido legislativo, alejándose de los planteos originales de los movimientos. Aun así, la agenda fue finalmente aprobada bajo un paradigma de derechos humanos y orientada a la ampliación de la ciudadanía mediante políticas públicas. Al haber sido sancionada con el respaldo mayoritario del FA –que terminó por asumirla como propia–, la agenda quedó asociada en el imaginario político a la izquierda progresista.

Los sentidos de la Agenda de Derechos (ADD)

Como se señaló en el apartado anterior, las demandas vinculadas a la ADD tienen una trayectoria previa en el Uruguay posdictadura. No obstante, durante los gobiernos progresistas, estas reivindicaciones comenzaron a articularse dentro de un mismo proyecto político situado en un amplio campo de las izquierdas. Esta articulación fue impulsada por una “familia de movimientos sociales” (McAdam et al., 1999), que abarcó organizaciones de distinto tipo y compartió un repertorio de protesta común: intervenciones urbanas, performances, lobby político, uso estratégico de mensajes e íconos, visibilización de figuras públicas, conciertos y manifestaciones (Aguiar, 2018; Rivera Vélez, 2018).

Una de las formas organizativas más frecuentes fueron las coordinadoras por causa: la Coordinadora por el Aborto Legal, la Coordinadora por la Regulación de la Marihuana, la Coordinadora de la Marcha por la Diversidad y la Comisión No a la Baja. Aunque algunas organizaciones lideraban estos espacios, casi todas tenían una integración similar,6 y establecieron estrategias de visibilidad cruzada que incrementaron la masa militante de cada una de las causas (Aguiar, 2018).

Esta articulación se consolidó especialmente entre 2010 y 2015, gracias al trabajo de organizaciones clave como Ovejas Negras y Proderechos (Rivera Vélez, 2018). El primer gobierno del Frente Amplio, encabezado por Tabaré Vázquez, actuó como una estructura de oportunidad cultural al promover un proyecto hegemónico centrado en la igualdad, la justicia social y los Derechos Humanos (Caetano et al., 2021; Sempol, 2013). El segundo, liderado por José Mujica, que se correspondió con una mayor articulación de la familia de movimientos y una escucha más abierta por parte del gobierno, ofreció mejores condiciones para la incorporación de demandas sociales, operando como una estructura de oportunidad política (Grauer, 2024).

En este contexto, los movimientos priorizaron tácticamente ciertas demandas legislativas, sin abandonar el intento de construir un espacio común de sentido. Un ejemplo destacado fue el concierto “Puño Único contra el Uruguay Conservador”, organizado en el Velódromo Municipal de Montevideo en diciembre de 2013, tras la aprobación de las leyes sobre aborto, matrimonio igualitario y regulación del cannabis. El evento, celebrado por las distintas coordinadoras, buscaba consolidar un bloque social unificado de cara a la campaña contra la baja de la edad de imputabilidad penal. En la proclama se afirmaba:

Esto es Puño Único. Hay causas que van de la mano. Son dedos que se unen y se cierran y hacen fuerza. Son puños que pelean por un Uruguay de personas más libres, con oportunidades y en busca de una sociedad más igualitaria.7

Aunque la noción de “puño único” no se consolidó plenamente, sí dialogó con el concepto de diversidad, marco interpretativo adoptado por el movimiento LGBTI desde 2005 en el que se buscaban incluir las diferentes demandas de la familia de movimientos. En la proclama de la Marcha de la Diversidad de 2014 se sostenía:

Entendimos que la diversidad es una riqueza en sí misma que nuclea a todas las luchas que tenemos que dar para vivir en una sociedad más igualitaria, porque “somos diferentes, pero iguales”.8

Esta articulación aspiraba a condensar identidades y causas diversas en una suerte de cadena equivalencial (Laclau, 1996), sin suprimir del todo sus particularidades. El sujeto político emergente no se asoció con una identidad específica (como sucede, por ejemplo, con la clase en el movimiento sindical), sino que se presentó como un patchwork: identidades entrelazadas, parecidas entre sí, pero no totalizadas9 (Lazzarato, 2006).

Este nuevo sujeto político tuvo una relación ambigua con las tradiciones de izquierda. Por un lado, reclamó y reivindicó el ideal de unidad social y política, presente en las clásicas consignas de la segunda mitad del siglo XX como “obreros y estudiantes unidos y adelante” o “el pueblo unido, jamás será vencido” (Caetano et al., 2021; González Vaillant y Markarian, 2021). En palabras de Federico Graña, integrante de Ovejas Negras y también del Partido Comunista del Uruguay:

Estamos cambiando nuestro país. Nuestra lucha y las conquistas logradas confirman la validez y la necesidad de organizarnos […] Los resultados obtenidos confirman la validez y la necesidad de la articulación social y política […] por un proyecto político y social más amplio, ya que una sociedad más justa e igualitaria se construye entre muchos.10

Por otro lado, esta concepción unitaria tenía una ausencia relevante. En las diferentes declaraciones públicas se hace patente la no mención a la categoría “pueblo”, para dar paso a un sujeto social diverso y multiforme (Caetano et al., 2021; Delacoste, 2015). Desde los años 80, y con más fuerza en los 90, estos movimientos interpelaron los universales políticos –como la clase o la ciudadanía– con el objetivo de incluir sus propias agendas (Grauer, 2020; Sempol, 2013). 

Esta configuración identitaria permitió a los movimientos de la ADD generar un doble juego productivo, atacando tanto las fuentes institucionales como las culturales de opresión (Gamson, 2002). Por un lado, al politizar las identidades particulares se desarrolla un despliegue estratégico para movilizar y obtener logros legislativos. Por otro lado, el intento de construcción de un sujeto político plural buscaba ligar estas causas en un proyecto de transformación interseccional de mayor alcance.

Si se analizan las conquistas legales, estas pueden leerse como una ampliación de la ciudadanía, vinculada a los derechos de tercera generación (Aguiar y Muñoz, 2015). En esa línea, los reclamos incluyeron políticas específicas de reconocimiento (Fraser, 2020). Así, por ejemplo, en la “Última Marcha con la Marihuana Ilegal” de 2013 se planteaba la necesidad de la regulación del cannabis como forma de sincerar una realidad y otorgar más libertad a unos usuarios que se presentaban en primera persona: “Nosotras y nosotros fumamos, ¿y saben qué? Lo vamos a seguir haciendo”.11

Sin embargo, si se analizan los discursos en los que las distintas causas se piensan como conjunto, existe un planteo que trasciende los reclamos particulares en busca de una igualdad sustantiva que pretende la redistribución (Fraser, 2020). La construcción de una “democracia real e igualitaria sin excluidos ni discriminados”,12 implicaba el reconocimiento de la diferencia, pero en el marco de una perspectiva interseccional, donde la articulación entre los sistemas que generaban las distintas desigualdades hacía necesario “luchar contra el racismo, el machismo y el clasismo”13 de forma conjunta.

Hoy nuestro país vuelve a posicionarse en un lugar de vanguardia en materia de derechos; luego de la aprobación de la ley que garantiza una vía de acceso al aborto seguro, y de la ley de matrimonio igualitario, que habilita a las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, DA UN ENORME PASO HACIA UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA, LIBRE E IGUALITARIA.14

Esta visión, fue parcialmente coincidente con el proyecto político de la izquierda frenteamplista de corte neodesarrollista, centrado en la justicia social y los derechos (Grauer, 2020; Garcé y Yaffé, 2014). En este sentido, a diferencia de lo que sucedió en algunas socialdemocracias europeas (Hutter et al., 2018), los movimientos vinculados a esta agenda no incorporaron demandas ambientales, probablemente porque estas implicaban una crítica directa al modelo productivo del FA. Asimismo, cabe señalar que estas preocupaciones tampoco aparecen en el movimiento sindical en el período.

De todas formas, sí se promovieron propuestas alternativas vinculadas a la economía política. Aunque estas no se enmarcaron dentro de un discurso clásico de la izquierda, apostaron a un modelo económico diferente que buscara en clave de igualdad la redistribución de la riqueza. En la Última Marcha con la Marihuana Ilegal se planteaba la posibilidad de producir cannabis en cooperativas de productores o clubes de membresía cooperativos.

Hoy tenemos la posibilidad de promover con el cultivo de cannabis un modelo económico distinto, un modelo que logre una mayor distribución de la riqueza, que garantice la igualdad en las oportunidades de las personas ante la vida.15

Estas propuestas no prosperaron en la legislación. La producción y venta de cannabis fue concedida fundamentalmente a empresas privadas, incluso extranjeras. La distancia entre la propuesta inicial y la legislación finalmente aprobada fue también importante en el caso del aborto: mientras desde la sociedad civil se reclamaba su legalización –quitándole su condición de delito–, el proyecto final dispuso la despenalización y exigió a la práctica legal un conjunto de mecanismos burocráticos (Johnson et al., 2015). Cuando los movimientos buscaron transformaciones más sustantivas, encontraron límites en lo que el sistema político –y en particular el FA– estaban dispuestos a conceder.

La búsqueda de logros legislativos obligó a la familia de movimientos a utilizar discursos más pragmáticos, de salud pública, de eficiencia en las políticas, de mejoramiento de la seguridad, etc. (Aguiar, 2018). Puede pensarse que este tipo de táctica, dirigida al Estado y al sistema político, haya limado los aspectos más transformadores. Sin embargo, no puede afirmarse que hayan renunciado a una transformación sustantiva de la sociedad: no solo se ocuparon de la redistribución y el desarrollo, sino que también enfrentaron a las formas de dominación patriarcal y heteronormativa como condicionantes estructurales de desigualdad.

Aunque la noción de derechos fue clave, el término ADD no fue usado en este período por los movimientos sociales. La noción parece provenir fundamentalmente de los medios de comunicación y el sistema político. En particular, el FA la utilizó en sus campañas políticas como un logro de gestión para diferenciarse de la derecha (Grauer, 2024). La expresión también fue utilizada por varios trabajos académicos posteriores.

En este sentido, la interacción entre los movimientos sociales y el FA como gestor estatal implicó una cierta captura de sentido de esas demandas, sin que ello permita desconocer su carácter transformador.

La clase trabajadora y los derechos

A diferencia de los movimientos de la ADD, la cercanía entre la izquierda política y el sindicalismo es de más larga data. Por mucho tiempo, el FA y el PIT-CNT fueron interpretados como el brazo político y el brazo social de una misma izquierda (Yaffé y Senatore, 2005). Esta relación llevó a que se lograran transformaciones beneficiosas para las organizaciones sindicales durante el primer gobierno del FA (2005-2010): reinstalación de los Consejos de Salarios, nueva legislación de negociación colectiva, ley de 8 horas para trabajadores/as rurales, y ley sobre libertad sindical y derechos sindicales.

Durante el segundo gobierno del FA (2010-2015) se mantuvo el nuevo marco normativo de relacionamiento entre empresarios y trabajadores, y la agenda parlamentaria estuvo protagonizada por las leyes de la ADD, comentadas en el apartado anterior. Sin embargo, en el mismo período, también dentro de la retórica de los derechos pero estrechamente vinculada a las relaciones laborales, se aprobó la LRPE. La ley ingresó en Diputados a finales del 2012 y fue aprobada a comienzos del 2014, y estableció la responsabilidad penal del empleador en accidentes laborales en caso de incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

El proyecto contó con el impulso del PIT-CNT y, en particular, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA). Asimismo, fue motorizada por el secretario general del sindicato, miembro del Partido Comunista del Uruguay (PCU) y diputado suplente, Oscar Andrade, y por el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), Luis Puig, también de extracción sindical. Recogía una preocupación central del SUNCA por el elevado nivel de mortalidad por accidentes laborales en el ámbito de la construcción: según la estadística divulgada por defensores del proyecto, ocurrían 50.000 accidentes de trabajo al año, y se contabilizaban 102 obreros fallecidos entre 2000 y 2013.16

Para visibilizar públicamente la demanda, se desplegó un repertorio de protesta con elementos tradicionales: marchas, asambleas generales y paros automáticos ante el fallecimiento de obreros/as de la construcción. De todas formas, también incluyó algunas novedades en las formas de acción colectiva en el sindicalismo, apuntando a un mayor nivel de visibilización por la masividad de los eventos –algunos eventos llegaron a convocar entre 20.000 y 25.000 personas– y por la utilización de la vestimenta anaranjada y los cascos habituales del trabajo en la construcción. Las asambleas se realizaban en espacios públicos, varias veces frente al Palacio Legislativo; y la campaña en favor del proyecto contó también con la recolección de más de 300.000 firmas en apoyo. En algunos casos, las marchas fueron encabezadas por viudas e hijos de trabajadores fallecidos.17

Aunque el conflicto estuvo protagonizado por el SUNCA, hubo esfuerzos por abarcar otras ramas de actividad y sindicatos. Se destaca, por ejemplo, la participación de militantes de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Fines (UNTMRA) en algunas movilizaciones, y su resolución de acompañar al sindicato de la construcción en el marco de su Congreso General.18 En esta ampliación del foco de la ley también tuvieron un rol importante varias intervenciones de Luis Puig, quien insistió en que la mayoría de accidentes ocurrían en el medio rural.19

Entre los dirigentes del PIT-CNT que defendieron el proyecto se encuentran varias estrategias discursivas. En primer lugar, se apuntaba a la desnaturalización de los accidentes, argumentando que la muerte de trabajadores/as en el ámbito laboral no era una cuestión librada a la suerte o irresponsabilidad, sino producto de las condiciones de trabajo. En una movilización del SUNCA, Andrade planteaba que “los compañeros no se mueren, los mata la precariedad de las condiciones y de la organización del trabajo, y eso es responsabilidad de las empresas”.20

A diferencia de lo que ocurría con la heterogeneidad de la ADD, el sujeto político que se construyó hacía una fuerte referencia a la identidad de los trabajadores, de la clase obrera, y las organizaciones sindicales. Varias veces esta construcción se enmarcó en el antagonismo de clases como contradicción principal. Así, quienes defendían el proyecto opusieron a los trabajadores frente a los “grandes grupos económicos que se creen dueños del país”,21 cuya irresponsabilidad e insensibilidad los llevaba a priorizar la ganancia por sobre las condiciones básicas de vida de la clase trabajadora. En estos términos se afirmó la condición de trabajador, basada en los mayores niveles de esfuerzo y sacrificio respecto a quienes se oponían al proyecto:

Nos pueden hablar de muchas cosas, pero está bravo que nos hablen a nosotros de trabajo los que nunca tuvieron que romper la escarcha con las manos a las siete de la mañana.22

Otra distinción importante respecto a los discursos analizados en el apartado anterior concierne a la categoría pueblo, que fue referenciada numerosas veces por las organizaciones impulsoras del proyecto. De esta forma, la identidad de clase trabajadora buscaba asociarse con el interés general del pueblo y del país. Así, mientras Fernando Pereira, presidente del PIT-CNT, afirmaba que “los trabajadores seguimos cumpliendo con el mandato histórico de la clase obrera”,23 Oscar Andrade sostenía en términos coloquiales que: “no se agota la lucha del sindicato por un mango más para el fideo”.24 En una entrevista, Iván Hafliger, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del SUNCA, afirmaba lo siguiente:

No concebimos la movilización como una cosa exclusiva de los trabajadores y menos de un sindicato, la movilización tiene sentido y se fortalece si está rodeada de pueblo y se acompaña de medidas para que nuestro pueblo, en el barrio, en las ciudades y pueblos de todo el país…25

Con una retórica cercana a la tradición de izquierda, las argumentaciones en favor del proyecto combinaron referencias a la transformación de las relaciones de clase con la ampliación de derechos laborales para los trabajadores afectados por accidentes. Al igual que en la ADD, los discursos se anclaron en un marco de derechos, enfatizando la dignidad, la protección de la vida y las condiciones de las familias trabajadoras. No obstante, predominó una apelación a la eficacia de la legislación y de las políticas públicas como vía de intervención, antes que a un cuestionamiento sistémico.
De hecho, “la vida está primero” fue la consigna principal que promovieron los defensores del proyecto en las múltiples manifestaciones. En la movilización del 25 de octubre, por ejemplo, Andrade dirigió su discurso a las cámaras empresariales con esta retórica:

¿Cuánto vale que un gurí quede huérfano? ¿Cuánto vale una familia destrozada? Señores de las cámaras empresariales: ¡déjense de hablar de costos! ¡La vida está primero!26

Este recurso puede asociarse, por ejemplo, a los discursos por el derecho al aborto que referían al efecto de su prohibición en la tasa de mortalidad de las mujeres; o aquellos que promovían la legalización del cannabis para evitar el contacto de sus consumidores con los circuitos ilegales y sus riesgos.

Durante el proceso de discusión de la ley, hubo una fuerte alianza entre los líderes sindicales y los parlamentarios del FA, frente a la oposición del Partido Nacional y Partido Colorado, y las cámaras empresariales.27 Varios dirigentes sindicales dieron cuenta de la receptividad del gobierno. Sin embargo, comenzaron a aparecer conflictos una vez que el proyecto pasó de la Cámara de Diputados al Senado. Algunos referentes, en particular senadores de sectores moderados del FA (Frente Liber Sergeni y Vertiente Artiguista), esbozaron algunas dudas sobre el articulado. Aunque declaraban compartir el interés en una ley para abatir la accidentalidad, dudaban del carácter “generalista” del proyecto y algunas imprecisiones.28

Desde el PIT-CNT respondieron con dureza y advirtieron que las modificaciones llevarían a una declaración de conflicto por parte de la central sindical, dado el compromiso asumido previamente por la fuerza política de aprobar el texto. El dirigente sindical e integrante del Secretariado Ejecutivo, Richard Read, volvió a apelar a la idea de que “la vida está primero” y sostuvo: “Querer modificar un punto o una coma es hacer un lío con todos nosotros […]. Si diputados de tu partido lo votó, ahora tenés que votarlo vos, macho. Acá se está muriendo gente”. En la misma línea, Andrade recordó que la aprobación constituía un “compromiso programático” y advirtió que no cumplirlo ponía en riesgo la campaña electoral del FA.29

Finalmente, el proyecto fue aprobado el 17 de marzo de 2014, con los 16 votos del Frente Amplio y sin las modificaciones propuestas por los senadores frenteamplistas más críticos del proyecto. Más allá de las diferencias internas del Frente Amplio, neutralizadas de alguna forma por la disciplina partidaria, es interesante en el marco de este artículo que la votación parlamentaria se dividiera de forma tajante entre el Frente Amplio de un lado y los otros partidos del otro, situación que no se dio en ninguna de las votaciones de la nueva ADD. A la vez, en este caso el movimiento sindical logró que la ley fuese aprobada en las condiciones que ellos proponían, sin modificaciones; un desenlace diferente al que tuvieron la despenalización del aborto y la legalización de la marihuana.

Consideraciones finales

Como punto de partida, es importante señalar que, aunque la ADD ocupó un lugar central durante el segundo gobierno del Frente Amplio, no constituyó el único proceso de politización de la izquierda social en ese período. También se desarrollaron importantes movilizaciones y conquistas en torno a demandas que suelen interpretarse como típicamente distributivas, como la LRPE.

Las demandas analizadas en este artículo tuvieron trayectorias, andamiajes organizativos y legitimidades disímiles. En el caso de la LRPE, fue impulsada fundamentalmente por el sindicato de la construcción, un actor con renovado protagonismo en el movimiento sindical uruguayo. La promoción y defensa de este proyecto de ley contó con nuevos repertorios de protesta, aunque conservó una retórica clásica: la contradicción entre trabajadores y empresarios se presenta como central, y la causa de los trabajadores es concebida como la causa del pueblo uruguayo.

La ADD tuvo otro tipo de impulso. Fue promovida por un puñado de organizaciones, en algunos casos emergentes, que retomaron líneas de acción política de mayor duración en un nuevo contexto más favorable. Estas organizaciones articularon entre sí una serie de demandas heterogéneas, relativamente nuevas tanto en la esfera pública como en las tradiciones de izquierda. Esta configuración ayuda a dar cuenta de la menor legitimidad y una necesidad mayor de articulación discursiva de estos actores para enunciar sus demandas desde una posición universal, aunque en ningún caso se deriva del análisis precedente una vocación exclusivamente particularista.

En ambos casos, los procesos de discusión y aprobación de las leyes dieron lugar a solidaridades y articulaciones entre actores sociales y el FA, aunque también a momentos de autonomía y de conflicto. Puede plantearse la hipótesis de que la solidez del vínculo con el sindicalismo colaboró para que el FA aprobara la LRPE en las condiciones exigidas por los referentes sindicales. Distinto fue el proceso de discusión que pasaron las leyes de la ADD, en particular la del aborto y la marihuana. A su vez, las dificultades en la aprobación de las leyes de la ADD permiten discutir aquellas nociones que identifican esta agenda como una alternativa cómoda y poco conflictiva desde la izquierda.

Asimismo, en los dos procesos se encuentran diferentes modos de argumentación relativos a los distintos contextos de promoción de las demandas. En manifestaciones y eventos públicos de protesta, a los que asistían, principalmente militantes de las organizaciones y simpatizantes de estas, las demandas eran defendidas generalmente de forma más efusiva, se inscribían más conflictivamente, y se presentaban en el marco de procesos más amplios de transformación. Por otro lado, en las instancias de lobby parlamentario o defensa de las demandas frente al público en general, tendían a enfatizarse los aspectos menos conflictivos de estas demandas y apaciguar el ánimo transformador. En estos casos se apelaba a una sensibilidad común que hacía pie en el lenguaje de los derechos y la retórica propia de las políticas públicas.

Este desdoblamiento da cuenta de que los procesos de negociación del período entre los movimientos sociales y el FA, como partido de gobierno, no solamente supuso modificaciones (muy importantes en algunos casos) en los textos legislativos finalmente aprobados, sino que también imprimió límites a los discursos movilizados en estas demandas. En este sentido, las distinciones en torno a nuevos y viejos movimientos sociales, o a politizaciones afirmativas y transformadoras, pierden peso. Si bien es cierto que desde el movimiento sindical se utilizó una retórica más cercana a las tradiciones de la izquierda, también se recurrió al discurso de los derechos como forma de vehiculizar transformaciones que trascendieran las propuestas de izquierda. Asimismo, aunque los movimientos sociales de la ADD fueron asociados a este tipo de discursos, intentaron en la construcción de su proyecto político más amplio plantear la necesidad de transformaciones que atacaban relaciones de desigualdad estructurales en la sociedad uruguaya.

En todo caso, el lenguaje de los derechos parece dar más cuenta de un clima de época para las izquierdas en el marco de transformaciones que se operaron en las relaciones entre movimientos sociales, partidos políticos y Estado. De esta forma, equiparar la política de la izquierda social del período a una ADD, cultural e identitaria, implica un reduccionismo en dos sentidos. Por un lado, invisibiliza los desplazamientos e impugnaciones en el terreno de la economía política, tanto los promovidos por movimientos más tradicionales de izquierda como aquellos vinculados a la dimensión distributiva de las politizaciones en torno al género, la sexualidad y el consumo de drogas. Por otro lado, reduce las transformaciones culturales en torno a estas temáticas a sus expresiones legislativas, subestimando los desplazamientos de sentido, la creación de nuevos espacios de conflicto y las apelaciones transformadoras que también las constituyeron.

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